La UME no recibe dinero autonómico por extinguir incendios

Los incendios que cada verano devastan los bosques de España provocan la movilización de bomberos forestales, brigadas antiincendios, medios aéreos del Ministerio de Agricultura, así como aviones del 43 Grupo del Ejército del Aire, y militares y vehículos terrestres de la Unidad Militar de Emergencias.

Este papel de la UME ante los incendios, así como frente a inundaciones, grandes nevadas y otras catástrofes, logra que la unidad tenga una gran popularidad entre los ciudadanos. Pero desde ciertos sectores contrarios a las Fuerzas Armadas se ve como una campaña para “lavar la imagen” de los militares.

Fue precisamente en estos ambientes donde este verano circuló la acusación de que la UME “gana dinero” con los incendios, según pudo constatar Confidencial Digital.

“Lo que cobra la UME por prevenir incendios”

El 15 de agosto apareció un artículo, con el título “Lo que cobra la UME por prevenir incendios”, en la web del Grupo Antimilitarista Tortuga. Se trata de una entidad de la provincia de Alicante, algunos con experiencia en las campañas de insumisión contra el servicio militar obligatorio, que forman parte de la red estatal Alternativa Antimilitarista-MOC y que se coordinan internacionalmente con la Internacional de Resistentes a las Guerras, la Red Europea contra la OTAN y los movimientos de objeción de conciencia de países como Chile y Colombia.

Ese artículo, firmado por Juan Carlos Rois (miembro del Grupo Antimilitarista Tortuga), acusaba a la UME de utilizar los incendios y catástrofes naturales como “una especie de campo de entrenamiento pintiparado para sus objetivos y no una cuestión fundamentalmente de solidaridad”.

Añadía que “la solidaridad se desmiente porque la UME pasa factura por sus actuaciones”. Para justificar esta afirmación, citaba el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, que aprueba el Protocolo de Intervención de la UME: “En este texto se indica que Defensa podrá celebrar con las otras administraciones publicas conciertos, convenios de colaboración, acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, para financiar la actuación de la UME en catástrofes”.

Y más adelante daba datos de un convenio firmado este año por la Xunta de Galicia y el Ministerio de Defensa, que establece cantidades económicas concretas que debe pagar el gobierno autonómico por el despliegue de militares en tareas de prevención de incendios.

Anarquistas e independentistas

El artículo fue replicado en otras páginas. Es el caso de Briega, una web anarquista de Cantabria, que lo publicó el mismo 15 de agosto.

La información sobre esa supuesta contrapartida económica de las comunidades autónomas que recibiría la UME por participar en la extinción de incendios llegó también a círculos del independentismo catalán, donde se lanzó la idea de que esta unidad cobraría 469.000 euros de la Xunta de Galicia: “La UME no es un servicio público. Es un servicio de extinción privado militar que nos está saliendo muy caro”.

Pregunta parlamentaria en el Senado

ECD ha podido comprobar que esta polémica contra la UME llegó a un senador de Compromís, Carles Mulet, que rápidamente, el 19 de agosto, registró una pregunta parlamentaria por escrito dirigida al Gobierno.

Mulet comenzaba su pregunta valorando que la UME “ha sido sin duda una unidad importantísima para la lucha contra la extinción de los malditos incendios que nos arrasan cada vez con más virulencia”.

Pero a continuación denunciaba que “mientras las comunidades autónomas no cuentan con medios suficientes para intervenir tanto en la prevención como en los incendios una vez se desencadenan, el Ministerio de Defensa cuenta con un dispositivo y unos medios espectaculares, que además, es en parte financiado desde las comunidades autónomas cada vez que tienen que activar su uso en un incendio”.

Citaba el mismo convenio que el artículo del Grupo Antimilitarista Tortuga, que según Mulet “regula lo que cobra la UME por el despliegue operativo de patrullas terrestres, con misión de vigilancia y disuasión, de acuerdo con los niveles de riesgo medio, alto y muy alto, entre 16 de agosto y 30 de septiembre”.

Y también se hizo eco de otro artículo, de abril de 2020, publicado en El Salto Diario y en el que se recogían críticas de algunos bomberos forestales, de colectivos antimilitaristas, del sindicato anarquista CGT, que denunciaban “la ineficiencia y alto coste de la intervención de la UME” frente a los cuerpos civiles de intervención en emergencias y extinción de incendios.

Tras toda esta introducción, el senador de Compromís pedía al Gobierno, entre otras cuestiones, “desde su creación en 2005 qué cantidad exacta, año a año, ha cobrado la UME por sus trabajos de prevención de incendios, de extinción de incendios, indicando cada cantidad recibida cada año de cada administración autonómica con la que se ha trabajado”.

El Gobierno lo niega

El Gobierno ha contestado a esta pregunta de Mulet. Se entiende que la respuesta ha sido elaborada por el Ministerio de Defensa.

La contestación es tajante: “Cabe significar que desde el año 2005, año de su creación, la UME no cobra ninguna cantidad por sus trabajos de extinción de incendios”.

En esta respuesta por escrito a ese senador de Compromís, el Gobierno enumera en una tabla todos los convenios, acuerdos técnicos y protocolos de colaboración firmados con las comunidades autónomas. Apostilla que “ninguno de los cuales ni tuvieron ni tienen presupuesto asociado”, y de hecho la tabla tiene una columna de “Presupuesto” que sólo ofrece ceros.

Explica el Ejecutivo que “de acuerdo con los datos obrantes en la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, adscrita al Ministerio de Política Territorial, relativa a convenios entre la Administración General del Estado y una o varias Comunidades Autónomas (CCAA), entre 2005 y hasta el día 9 de septiembre de 2022 constan en el Registro Electrónico de Instrumentos y Convenios de Cooperación, sección convenios, un total de 40 convenios en los que participan al menos el Estado y una o varias Comunidades Autónomas, y en cuyo título aparece la voz incendios”.

El único convenio específico de lucha contra incendios, continúa el Gobierno, fue el “Protocolo de lucha contra incendios forestales” firmado el 11 de junio de 2008 con la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En tabla aparecen 37 y no 40 convenios. El último es un “Protocolo de prácticas con la UME” que se firmó con la Comunidad Valenciana en el año 2010, y que tampoco tenía presupuesto.

El resto de convenios se firmaron con Extremadura, Aragón, Baleares, Murcia, Melilla, Ceuta, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid, Canarias y Andalucía.

El convenio no es de la UME

Llama la atención que en esa respuesta del Gobierno, fechada el pasado 4 de octubre, no se menciona la “Resolución 420/38328/2022, de 2 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Xunta de Galicia, para la prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña 2022”.

Cabe añadir que en la respuesta por escrito, el Ministerio de Defensa indicó que “la Unidad Militar de Emergencias (UME) no hace prevención, según se recoge en el artículo segundo apartado 2 del Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la UME: “Las actuaciones operativas de la UME se concretan en la planificación, el adiestramiento y la intervención. Sólo realizará las labores de prevención que sean necesarias para hacer frente a una emergencia declarada””.

¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Una consulta al convenio firmado por el Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia permite comprobar que en ningún momento se cita a la UME, y no se habla de extinción de incendios, ni de reacción a emergencias.

En cuanto al dinero, va destinado al Ejército de Tierra y a la Armada, en conceptos de “indemnizaciones”, “incentivos al rendimiento” y “mantenimiento y recuperación”. También hay una partida para el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa (CESTIC), por gastos de telefonía, y otro de “consumo de combustible”.

Se mencionan medios aéreos (helicópteros y drones) del Ejército de Tierra y la Armada, pero ni rastro de la UME.

Este convenio en realidad tiene por objeto desplegar patrullas terrestres y medios aéreos en los montes de Galicia para detectar fuegos y disuadir a los pirómanos que provocan incendios forestales.

Este despliegue se conoce como ‘Operación Centinela Gallego’. Cada verano, militares de la Brigada ‘Galicia’ VII(BRILAT) y del Regimiento de Inteligencia nº 1 del Ejército de Tierra, y del Tercio Norte de Infantería de Marina (de la Armada) recorren miles de kilómetros de las zonas boscosas de Galicia. Utilizan también drones para vigilar desde el aire y dar la voz de alerta cuando se detecta un fuego, para intentar sofocarlo pronto y evitar que se extienda.