Díaz Ayuso agiliza los trámites tributarios con la nueva Ley de Defensa del Contribuyente

Será en 2025 y creará una carpeta fiscal para que los ciudadanos accedan de manera instantánea a toda su información tributaria

Firma: Jesús Hellín / Europa Press
Firma: Jesús Hellín / Europa Press
  • Una figura independiente servirá de apoyo a los ciudadanos que estén disconformes con las resoluciones de la Administración.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la aprobación en 2025 de la Ley de Defensa del Contribuyente para reforzar la atención y la relación de la Administración con los contribuyentes y que garantice y proteja sus derechos dentro de un sistema fiscal justo y eficaz. Así lo ha adelantado durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea de Madrid.

La nueva normativa pretende crear un marco de seguridad real y efectivo, incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, mejorar la posibilidad de rectificar errores cuando lo hayan sido de buena fe, establecer un sistema integral de información y asistencia e incentivar la agilización de trámites y promover la simplificación procedimental.

Los derechos de los contribuyentes que se protegerán con la Ley autonómica están vinculados, por un lado, a la relación con la Administración (consultas, reclamaciones, sugerencias, asistencia o información sobre cuestiones generales) y, por el otro, a los que tienen que ver con los procedimientos (trámites, alegaciones, conocimiento del estado de tramitaciones, información sobre comprobaciones e inspecciones, entre otras).

Además, la Ley de Defensa del Contribuyente madrileña prevé la articulación de una serie de servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y herramientas de utilidad, como la creación de una carpeta fiscal donde el ciudadano pueda disponer de toda su información de forma instantánea en relación a los tributos que son de gestión autonómica. Junto a ello, una figura independiente servirá de apoyo a los ciudadanos que estén disconformes con las resoluciones de la Administración.

 

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