Conflicto pesquero con Gibraltar. José Ignacio Landaluce impulsa una moción contra la prohibición del Peñón a que los españoles faenen en el Estrecho y pide ayuda al Gobierno

El último desafío diplomático de Gibraltar ya tiene respuesta institucional pública. El ayuntamiento de Algeciras, con el diputado 'popular' José Ignacio Landaluce al frente, ha aprobado una moción que rechaza la prohibición del Peñón a faenar en las aguas del Estrecho.

Según ha sabido El Confidencial Autonómico, el alcalde de Algeciras y diputado nacional, José Ignacio Landaluce, ha conseguido aprobar una moción en defensa del sector pesquero que históricamente ha venido faenando en las aguas que rodean la colonia británica de Gibraltar.

El diputado ‘popular’ ha lanzado un mensaje a las cofradías de pescadores afectadas por este problema, principalmente las de Algeciras y La Línea, “para que cualquier medida que adopten sea a través del diálogo, de tal manera que se mantengan las buenas relaciones que deben imperar entre los dos territorios a ambos lados de la verja, ya que se trata de un asunto muy delicado y se debe evitar el conflicto”.

En el texto aprobado en el ayuntamiento, se recuerda que pescadores de Algeciras y de La Línea, principalmente, vienen faenando tradicionalmente en aguas próximas a Gibraltar. Un acuerdo tácito viene manteniendo esta actividad que aporta ingresos a una flota próxima a setenta embarcaciones.

Asímismo, se critica la “decisión unilateral de las autoridades de Gibraltar,” de romper con una situación beneficiosa para 300 personas vinculadas al sector pesquero en España, “aduciendo razones medio ambientales que chocan con la naturaleza de las actividades que permite en esas mismas aguas”.

Los dos requerimientos que se hacen al Gobierno son:

-- Instar al Gobierno de España a que continúe reclamando al Reino Unido la gestión de una solución diplomática viable y duradera que impida las dificultades que actualmente padecen los pescadores campo-gibraltareños en su actividad en aguas próximas a Gibraltar.

-- Instar al Gobierno de España a que mientras siga reclamando un acuerdo definitivo al Reino Unido, adopte las medidas necesarias para la protección de los intereses nacionales, siempre compatibles con la convivencia de los pueblos del Campo de Gibraltar.

 

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