Primer juicio contra activistas pro-vida denunciados por la gerente de una clínica abortista

Mañana, martes 31 de mayo, tendrá lugar el juicio en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Zaragoza, a las 12.10 horas, el primero que se celebra en España tras la reforma del Código Penal aprobada el 3 de febrero de 2022, en concreto el artículo 172 sobre coacciones

Los dos voluntarios, María Nieves y José-Luis,  de la asociación Amigos de la Maternidad y la Vida (AMAVI), fueron denunciados por la gerente de la clínica ACTUR, especializada en abortos, y que está situada enfrente del local que tiene AMAVI en la capital aragonesa. 

Les ha denunciado la gerente de la mencionada clínica por “increpar” y molestar a las mujeres, lo cual ha rechazado a este digital la presidenta de la asociación, Margarita Cabrer.

La presidenta: “Es una acusación falsa”

Esta asociación tiene su origen en 2012, y actualmente tiene sedes en Zaragoza y Badajoz, “con el proyecto de ir abriendo en otras ciudades”. Fue constituida por mujeres y no reciben ninguna ayuda oficial, “ni la queremos solicitar ni recibir, para ser más libres en la defensa de la vida”.

No tiene socios, “porque puede haber personas que, con hacerse socio, piensen que ya es suficiente para defender la vida, y lo que tenemos son voluntarios, que llevan a cabo acciones de dos en dos, también por seguridad, como por desgracia venimos comprobando”.

Denuncia anterior a la reforma del Código Penal

“Los dos voluntarios acusados no increparon, es una acusación falsa, con el fin de amedrentarnos, a nuestra entidad y a otras entidades pro-vida”. Por otra parte, destaca Margarita Cabrer que la denuncia es anterior a la reforma del Código Penal que castiga ciertas actividades pro-vida que se estimen como un freno a abortar.

En la asociación llevan a cabo una atención integral a la mujer embarazada, y se vuelcan “en formar a las mujeres que se plantean abortar, también con medios audiovisuales para que se den cuenta de lo que supone un aborto”.

Denuncias de AMAVI a la Policía

“Hay circunstancias muy dolorosas, que se esconden, como el caso de la mujer que fue a abortar a esa clínica y le pidieron 1.000 euros: como no los tenía, vino a que le ayudáramos, y por supuesto que ayudamos en todo lo que podemos, que incluye ayudas materiales, asesoramiento, etc.”.

El local tiene un soportal, y en él hay con frecuencia voluntarios, para recordar la actividad de la asociación. “Tenemos carteles, que algún vecino denunció a la Policía por decir que eran molestos para sus hijos pequeños: vino la Policía, y dijo que en absoluto molestan”.

En diversas ocasiones, relata la presidenta, “se nos han tirado huevos a la fachada o nos han roto los cristales: todo ello lo denunciamos a la Policía, no nos amedrentan  ese tipo de actuacione”