Inversión social: la Comunidad de Madrid destina 700.000 euros a una nueva residencia para personas con discapacidad
El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo que tendrá una vigencia desde el próximo 1 de junio hasta el 28 de febrero de 2025
- Se mantendrá el servicio en otro recurso de la red para los usuarios del Centro de Día y Residencia Almanzor de Pozuelo de Alarcón por su cierre unilateral.
- El Gobierno regional ha dado la solución más ágil y segura para la continuidad asistencial de estos ciudadanos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy una inversión de 686.302 euros para el traslado de 28 personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas al Centro Colisée de Villanueva del Pardillo a partir del 1 de junio, con mantenimiento del servicio hasta el 28 de febrero de 2025.
Esta actuación se lleva a cabo por la decisión unilateral de la empresa propietaria de los complejos residenciales con centro de Día y centro ocupacional Almanzor y Avantos, ubicados en Pozuelo de Alarcón, de cerrar estas instalaciones el próximo 31 de mayo, donde estaban siendo atendidos ciudadanos con discapacidad intelectual.
La situación se ha debido a un problema propio de gestión, ajeno a la Comunidad de Madrid, que siempre ha abonado en tiempo y forma la financiación de las plazas concertadas con esta entidad.
El traslado de estas 28 plazas específicas para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas tiene que pasar el trámite de aprobación por Consejo de Gobierno debido a su cuantía. No obstante, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad ya ha realizado las gestiones administrativas para reubicar en otros dispositivos sociales de la red pública al total de los usuarios afectados por este cierre unilateral, en total 139 personas con distintas prestaciones de residencia, centro de Día y centro ocupacional.
Desde el mismo momento en el que la entidad comunicó el cierre, el Gobierno regional ha trabajado en la reubicación de estos ciudadanos para que sigan recibiendo la atención especializada que precisan sin que se vea afectada su continuidad asistencial.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha dado la solución más ágil y segura conforme a la legislación vigente, mediante la reubicación en otras entidades de la red pública, que tienen una dilatada experiencia en la atención a personas con discapacidad intelectual.
