El aeropuerto de Ciudad Real cuenta con un Consejo de Administración temporal. Lo integran un representante de Caja Sur, un jurista y un economista designados por el juez
Amalio de Juan Casero, el juez que declaró un concurso de acreedores al aeropuerto de Ciudad Real, ha creado un Consejo de Administración temporal hasta que la terminal, abierta hace menos de dos años y con 290 millones de euros de deuda, tenga una nueva sociedad promotora. Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, el nuevo organismo creado por el magistrado estará compuesto por tan sólo tres personas: un representante de Caja Sur, un jurista y un economista designados por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Ciudad Real. El Consejo de Administración saliente, perteneciente a CR Aeropuertos, se ha puesto en contacto con los trabajadores de la terminal para darles el siguiente mensaje: "Hay que seguir trabajando con total normalidad. Debemos seguir ofertando los mismos vuelos de siempre y continuar con el día a día". No obstante, empleados del Aeropuerto Central consultados por este confidencial explican que los directivos se han marchado sin aclarar si presentarán o no recurso de apelación a la suspensión de pagos dictada por el juez: "Sabemos que tienen cinco días para decidirse, aunque no nos informarán de qué camino van a seguir". El concurso de acreedores anunciado por el juez este miércoles se produce después de confirmar el PP de Castilla-La Mancha su oposición a la ley orgánica que estaba elaborando el Gobierno de José María Barreda para avalar al aeropuerto con una inyección económica de 140 millones de euros. Para el partido que dirige María Dolores de Cospedal, la ayuda económica no es la solución para la terminal, ya que, según los 'populares', el dinero iría a parar a "los tres promotores amigos de Barreda que levantaron el aeropuerto". El PP ha propuesto al Gobierno autonómico expropiar las acciones del Central y declararlo de utilidad pública, asumir la gestión y posteriormente sacarla a concurso público para adjudicarla a empresas con experiencia y solvencia en este ámbito.
