José María Barreda aprovecha el convenio de la Junta con la Universidad de Castilla-La Mancha para contratar a licenciados como becarios

Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, trabajadores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya licenciados en la universidad de Ciudad Real, están ejerciendo su profesión con contratos de prácticas, 'gracias' a la oferta de empleo del centro educativo, que recibe financiación por parte del Ejecutivo. A su vez, la Administración autonómica se ahorra los sueldos de los funcionarios que deberían ocupar esos puestos. "No hemos visto un euro en lo que va de año: nuestro último sueldo correspondió al mes de diciembre y ya nos quedamos sin cobrar en noviembre y un par de meses del verano". Estas palabras corresponden a un trabajador de la Junta de Castilla-La Mancha, que fue contratado por la Administración, a través de la Universidad, una vez concluidos los estudios universitarios. La misma fuente, consultada por este confidencial, explica que "el trabajo que hacemos es muy positivo, ejercemos de funcionarios y eso nos reporta mucha experiencia. El problema es que nuestro sueldo no pasa de mil euros, y nuestros compañeros que sí son funcionarios pueden llegar a cobrar 3.000". Efectivamente, tal y como ha confirmado este confidencial, la Junta contrata a estudiantes recién titulados gracias al convenio alcanzado con la universidad en julio de 2006, y firmado por José Valverde Serrano, consejero de Educación, y Ernesto Martínez Ataz, rector del centro. Los trabajadores afirman que la Universidad de Castilla-La Mancha "utiliza las subvención para pagar estudios y libros a profesores afines al Gobierno, y se queda sin presupuesto para pagar a los becarios." Desde el centro aseguran que no pueden pagar por culpa de la Junta, que se retrasa en el cumplimiento de los convenios. "Es cierto que existen retrasos, pero cuando nosotros nos quejamos la Junta paga a la universidad, y ésta hay veces que sí nos da nuestro sueldo y otras que no". ECA se ha puesto en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha para aclarar la situación. Una voz autorizada de Administraciones Públicas ha señalado directamente a la universidad como el principal causante del asunto: "son ellos los que no pagan, por lo que el problema es suyo". Por su parte, los 'populares' de Castilla-La Mancha han anunciado que "no dudaremos en pedir una comisión de investigación en las Cortes Regionales que esclarezca dónde se ha invertido hasta el último euros de una fundación creada con fines docentes y convertida en lugar de un escándalo político y económico".