Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana debe a las residencias dos millones y medio de euros de las ayudas Covid-19

La patronal reclama que 20 centros que pagaron las extra a sus trabajadores no han recibido el dinero de la comunidad nueve meses después

José María Toro, presidente de AERTE
photo_camera José María Toro, presidente de AERTE

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, al frente de las cuales está Mónica Oltra,  que “pague los más de dos millones y medio de euros que debe aún a las empresas por las ayudas para las pagas extraordinarias a la plantilla y el resto de los gastos provocados por el Covid-19 en los centros residenciales que acumula, en algunos casos, más de nueve meses de atrasos”, como ha afirmado su presidente, José María Toro, a El Confidencial Autonómico.

Promesa de abonar esa ayuda antes del 31 de diciembre

El Decreto 186/2020 publicado en noviembre del año pasado obligaba a pagar las gratificaciones al personal por el esfuerzo durante la primera ola del Covid antes del 31 de Diciembre de 2020.

Para ello, “se informó a los centros de que se recibiría la parte correspondiente a esa ayuda antes de esa fecha para que pudieran llevarlo a cabo sin necesidad de adelantar el dinero y que, a posteriori, deberían justificar adecuadamente todos los gastos hechos”, ha afirmado el presidente de AERTE.

“A pesar de eso, el importe principal se pagó mediante un confirming con Bankia en Febrero de 2021,  lo que ya supuso un problema importante para las entidades, en un año económicamente muy complicado. Aun así, unos veinte centros no recibieron esa primera parte de la ayuda y hoy, nueve meses después de que venciera la obligación, todavía tienen pendientes unos 650.000 euros por ese concepto”, afirma Toro.

Silencio sobre dos millones

Otra parte de la subvención, destinada a cubrir los costes de las adquisiciones de material y adaptación de instalaciones, se pagaría una vez justificados todos los gastos. La fecha límite para dicha justificación fue el 31 de Marzo de 2021.

“Esta parte de la ayuda, que supone unos dos millones de euros, sigue sin pagarse seis meses después de haber finalizado ese plazo y sin que los centros hayan recibido noticia de la correcta justificación o de las posibles subsanaciones necesarias”.

“El sector cumplió en su momento todos los requisitos que exigía la Consellería para acogerse a las ayudas y, de nuevo, son las empresas las que soportan todo el esfuerzo financiero sin recibir ninguna respuesta de la administración, más allá de que están intentado solucionarlo. Llevan meses con la misma respuesta, pero sin solucionar nada”, ha declarado José María Toro a ECA.

Comentarios
Somos ECD
Queremos escucharte y queremos que nos ayudes