El Tribunal Supremo decidirá si Franco puede ser enterrado en La Almudena
La familia alegará que el Gobierno no tiene derecho a elegir la ubicación de los restos según la ley de Memoria Histórica
El Gobierno notificó el pasado lunes a la familia Franco el acuerdo de exhumación del dictador del Valle de los Caídos.
En dicha notificación, el Ejecutivo les informó del calendario para recurrir esa decisión: les daba quince días para comunicar la nueva ubicación de los restos de Franco, un mes para recurrir el acuerdo y dos meses para presentarse ante el Supremo.
El Supremo decidirá sobre La Almudena
Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, la familia va a hacer uso del plazo de quince días y transmitirá al Gobierno que su deseo es que el dictador repose en la cripta de la catedral de La Almudena, tal y como ha manifestado en otras ocasiones.
Pero además, según ha confirmado ECD, los Franco recurrirán al Supremo el veto del Ejecutivo a este emplazamiento.
En concreto, el informe de la delegación del Gobierno que desaconseja el traslado del féretro a la catedral madrileña.
Según este documento, inhumar a Franco en La Almudena traería consigo problemas de tráfico y de orden público e incrementaría el riesgo de atentados, además de contribuir al crecimiento de la extrema derecha.
Este confidencial ha podido saber que la familia Franco presentará recurso a la Sala de lo Contencioso del Supremo basándose en el propio decreto ley del Gobierno.
El decreto ley del Gobierno
Los Franco alegarán que el Ejecutivo no tiene derecho a decidir el lugar donde ubicar los restos del dictador, ya que el decreto establece por dos veces que es competencia de la familia.
Así está contemplado en la exposición de motivos y en la disposición adicional sexta del decreto ley 10/18, del 24 de agosto, que modifica la ley de Memoria Histórica.
El texto dice, literalmente, que “el procedimiento diseñado prevé las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares, quienes podrán disponer sobre su destino si lo desean”.
Y más adelante, señala que el acuerdo definitivo del Consejo de Ministros dará un plazo de quince días a las partes para que presenten alegaciones, a los familiares, para disponer “sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumación, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias”.
Confianza en el Supremo
Por tanto, la familia Franco entiende que el Gobierno no tiene derecho a decidir dónde enterrar al general, puesto que los propios herederos ya han indicado expresamente que han elegido La Almudena.
Por otra parte, se muestran confiados en que el Supremo paralizará la exhumación de Franco de manera cautelar, ya que una vez aprobada de manera oficial por el Consejo de Ministros, tiene carácter irreversible y por tanto, los magistrados estimarán su recurso.
