Un sindicato del sector ferroviario se ha puesto en contacto con los alcaldes extremeños para resolver el cierre de estaciones

CGT ha denunciado la destrucción y el abandono de las vías de trenes

El tren de Teruel ha sido criticado por su velocidad
El tren de Teruel ha sido criticado por su velocidad

La Confederación General del Trabajo Sector Federal Ferroviario se ha puesto en contacto con más de 200 alcaldes de municipios cacereños (Extremadura) para que, de manera conjunta y coordinada, se afronte la problemática concreta del cierre de taquillas y abandono del ferrocarril público y social por parte de las dos principales empresas ferroviarias, Renfe y Adif, con la “colaboración” del Ministerio de Fomento.

A estas alturas, nadie puede negar que el derecho a la movilidad ejercido a través del transporte ferroviario de los extremeños sea una quimera. Promesa tras promesa, década tras década, las estaciones y los servicios paralelos que se prestan en éstas, han sido pasto de la destrucción y el abandono. Pueblos que han visto como sus estaciones se encuentran cerradas y en ruinas; como sus vías están abandonadas o transformadas en Vías Verdes.

En la línea de estas acciones, el anuncio del cierre de nuevas estaciones por parte de Adif y la no continuidad en la prestación de venta de billetes y atención al cliente por parte de Renfe, ha venido a reclamar de forma más contundente por parte de CGT la necesidad urgente en el mantenimiento de los servicios a los que la ciudadanía tiene derecho. Y no un derecho por ser extremeños o de tal o cual sindicato o partido político. Hablamos del Derecho que nos otorga el pago de impuestos de manera religiosa tal y como nos manda la Hacienda Pública y los impuestos que abonamos con la adquisición de bienes y servicios.

Medidas urgentes

Desde CGT han manifestado que es un error colosal, pensar que la mejora del transporte ferroviario vendrá de la mano de un partido político u otro, la historia nos dice que cuando un derecho como es el de la movilidad no se está aplicando, es la propia ciudadanía y sus representantes más directos quienes tienen que reivindicar a través de la presión mediática, la organización de concentraciones y manifestaciones continuadas en el tiempo y la labor política de los y las responsables municipales.

 

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