El sindicato de funcionarios no participará en la huelga de médicos, pero sí en la de Educación
Asegura que apoyan a los sanitarios, pero debido a la pandemia no lo harán. Para los colegios piden test masivos periódicos y tareas de teletrabajo para los docentes
Octubre será el mes de las huelgas y movilizaciones. Con el Covid todavía asomado en la puerta y con vaivenes en las restricciones de movilidad de varias ciudades españoles, son muchos los españoles que saldrán a las calles a concentrarse y a pedir soluciones por la gestión actual del Gobierno.
El sindicato de funcionarios (CSIF) de Cataluña, participará en la huelga de Educación pero estará ausente en la convocada por los sanitarios.
“CSIF comparte muchas de las reivindicaciones del Sindicato de Médicos de Cataluña, a las que podrían añadir otras también importantes, y entienden que existen razones para la indignación del colectivo de médicos y de todos los colectivos de la Atención Primaria”, comienzan en un escrito presentado por el sindicato de funcionarios.
A pesar de ello, sostienen que “en plena epidemia del Covid-19 y en medio de una grave crisis económica, es del todo inadmisible la realización de una huelga de médicos, puesto que las consecuencias de esta misma recaerán sobre una sociedad actualmente debilitada”.
La huelga de profesores
Sin embargo, a pesar de que se salten esta convocatoria sí que han decidido apoyar a los docentes.
El sindicato de funcionarios se suma a la huelga de los profesores y añade más reivindicaciones para que “se puedan garantizar las máximas medidas de seguridad tanto para el alumnado como para toda la comunidad educativa”.
Para el sindicato, esta huelga es un mecanismo de presión para “forzar” al Gobierno de Sánchez de adoptar unas medidas que consideran “irrenunciables”.
Estas son las peticiones de CSIF
1. Test masivos periódicos para toda la comunidad educativa. Unos test que serán utilizados “para detectar y aislar los positivos de forma precoz”.
2. Tareas de teletrabajo y de apoyo para los docentes, personal de apoyo y personal de administración y servicios (PAS) que en su día se consideraron personal de riesgo y para los que convivan con personas vulnerables.
3. Incorporar a los mayores de 55 años en el grupo de personas de riesgo.
