Un sindicato de los Mossos denuncia que la familia del agente atropellado en 2015 tenga que pagar los costes judiciales
El Tribunal Supremo condenó a las partes recurrentes a realizar los pagos correspondientes. Pero ahora otros centrales se han puesto de lado del culpable
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a tres años y tres meses de prisión al exmilitar que causó el accidente por un "homicidio imprudente" en 2015, ya que se saltó un control de policía bebido e hizo volar a 60 metros al agente. SAP-FEPOL esperaba una "sentencia ejemplar" en defensa del mosso atropellado, pero otros centrales se posicionaron a favor del exmilitar. Ahora piden que los familiares del fallecido se hagan cargo de los gastos judiciales.
Los hechos se remontan a hace dos años. Un agente de los Mossos d'Esquadra fue atropellado por un ex militar. Al parecer este último se saltó un control de Policía bebido e hizo volar a casi 60 metros al agente, que falleció en el acto.
Tal y como ha podido saber ECA, tras el accidente la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a tres años y tres meses de prisión a Héctor L, por un "homicidio imprudente". El sindicato SAP-FEPOL esperaba que la sentencia que saliese fuese "ejemplar" y que pusiese que se trataba de un "homicidio doloso". Pero no fue así, por lo que este sindicato recurrió al Tribunal Supremo junto a la Generalitat y la familia del cabo (que se presentaban como acusación particular).
Esta organización ahora denuncia que otros tres sindicatos de los Mossos d'Esquadra fueron "a favor" de los intereses del culpable, Héctor L, ante el Tribunal Supremo. Los sindicatos se "posicionaron" con el exmilitar, una decisión "muy controvertida" que, tal y como cuenta SAP-FEPOL, no lo pueden entender ni podrán "compartirlo nunca".
Como Policías, SAP califica el comportamiento del resto de sindicatos como "repugnante". Aseguran, además, que una vez desestimado el recurso donde las acusaciones particular y popular solicitaban un incremento de la pena, el Tribunal condenó a las partes recurrentes a "pagar las costas judiciales". Estos sindicatos pidieron el pago íntegro de los gastos del proceso a las partes, entre ellas la familia del "compañero fallecido". Un acto que SAP considera "una enorme falta de sensibilidad".
En este sentido, el sindicato SAP, que se personó durante todo el proceso como "acusación popular" ha explicado que se hará cargo de este pago para que la familia de Jordi (el agente fallecido) "no tenga que pasar por este trance".
