El Partido Ñ cree que la inserción laboral de los MENAS no reducirá la violencia

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha reclamado esta semana un cambio en la Ley de Extranjería para favorecer la integración de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).

El principal defensor de los derechos y libertades de los aragoneses dictaminó que los menas necesitan “formación” para facilitar “su acceso al mercado de trabajo” una vez alcancen la mayoría de edad, según se ha publicado en el Informe sobre Menores correspondiente a 2018.

Al cumplir los 18 años, los MENAS dejan de estar al amparo del Estado. En muchas ocasiones, estos jóvenes han estado detrás de muchos conflictos denunciados por los vecinos de Aragón. El Defensor del Pueblo aragonés ha abogado por garantizarles una capacitación laboral para “que ellos salgan adelante y toda la sociedad se beneficie de su esfuerzo”. En la actualidad, Extranjería concede un permiso de trabajo de un año de duración cuando los menas cumplen la mayoría de edad.

“Situaciones preocupantes”

Sin embargo, el Partido Ñ ha criticado esta decisión. Su portavoz, Víctor Salvo, ha lamentado que el acceso al mundo laboral por parte de los MENAS “pueda dejar en paro a aragoneses formados” y ha declarado que se deberían reforzar las ayudas sociales a las familias aragonesas. Además, Salvo ha declarado que la inserción laboral “no va a reducir la violencia”, y ha denunciado que en las últimas semanas se han producido “situaciones preocupantes”, incluyendo robos y palizas.

Mejorar la seguridad en Zaragoza será una de las líneas principales de actuación en su programa de cara a las elecciones del 26 de mayo. El pasado 31 de marzo, Ñ convocó una manifestación en Zaragoza para denunciar la inseguridad que “sufren muchos puntos rurales por los MENAS”, según Salvo.

El portavoz de la plataforma ya aseguró a El Confidencial Autonómico que los integrantes de estos grupos, en su mayoría, niños y adolescentes, han doblado su número en Aragón. Según el Informe sobre Menores, el número de MENAS en la comunidad se multiplicó en 2018: En 2017 había 45. En 2018, esta cifra alcanzó los 300. En total, se han atendido a 1288 menores.

Salvo denunció la violencia mostrada por algunos de los menores en redes sociales, que le valió la censura de muchos usuarios, y una denuncia a finales del mes de abril. Según Salvo, está a la espera de “ver cómo evoluciona el proceso”, al que se encuentra citado por delitos contra la libertad.

España es uno de los destinos al que más acuden las personas que huyen de la pobreza. El Justicia de Aragón, una de las cuatro instituciones básicas de la Comunidad, junto con el Presidente, el Gobierno o Diputación General y las Cortes, ha sostenido que la sociedad debe dar una alternativa vital a esta situación, en la mayoría de los casos, protagonizadas por jóvenes que escapan de la violencia.