La familia de un guardia civil fallecido de coronavirus denuncia por homicidio por imprudencia profesional a un hospital catalán
Pide al juez que llame a declarar a la médico que firmó el informe, y a todo el personal que decidió que no tenía que ingresar en la UCI ni ser intubado
“Que por medio del presente escrito viene a realizar denuncia por un presunto delito por homicidio por imprudencia profesional tipificado en el artículo 142 del Código Penal contra los facultativos que atendieron a Don Manuel Leal Sánchez, que ingresó en el Hospital General de Cataluña el 24 de marzo pasado y falleció a consecuencia de la patología de COVID-19, el día 27 de marzo, a la edad de 72 años”.
Así comienza la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial Autonómico, que ante el Juzgado de Instrucción de Rubí (Barcelona) ha presentado la familia de un fallecido por coronavirus. Se trata de un guardia civil de 1ª retirado, al que ingresaron el 24 de marzo en ese hospital y que terminó falleciendo tres días después. Después de su fallecimiento llegaron los resultados de la prueba de coronavirus: positivo.
La familia reclama al juez que investigue el caso -si se admite a trámite- que tome varias diligencias: que ordene al Hospital Universitario General de Cataluña (privado, situado en Sant Cugat del Vallès, Barcelona) remitir la historia clínica completa del fallecido; que recabe informe del médico forense sobre la atención a este paciente; que requiera al hospital para que aporte la póliza de responsabilidad civil; y que cite a declarar como investigada a la doctora que firmó el informe médico de este guardia civil retirado.
Los abogados que llevan el caso aseguran que hay indicios suficientes que muestran una sucesión de negligencias, mala praxis médica y falta de medios no justificada que debe ser investigada a fondo por la justicia.
La denuncia no va dirigida contra una persona en concreto, sino que pide que se investigue a todos los facultativos que tomaron varias decisiones: no ingresar a este hombre de 72 en la UCI, pese a los problemas pulmonares y también en otros órganos que empezó a presentar en el hospital; no intubarlo; y no trasladarlo a otro hospital donde hubiera medios, si ese estaba colapsado.
Los abogados afirman a El Confidencial Autonómico que esperan que si se abre una investigación, se pueda ascender en la cadena de responsabilidades hasta llegar a los gestores políticos de la sanidad en Cataluña.
Hay que recordar que ya hubo polémica por las instrucciones del Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat, que recomendaban no ingresar en UCI a los mayores de 80 años. También distintos hospitales de Madrid aplicaron “triaje” a los pacientes de mayor edad durante las semanas de mayor avalancha de enfermos y colapso de la sanidad por la epidemia de coronavirus.
La familia denuncia que el fallecido, que no tenía patologías previas, salió de su casa por su propio pie el día 24 de marzo, cuando los servicios médicos enviaron una ambulancia ante los síntomas que tenía: “Anoxia con labios y lengua amoratadas, fiebre continua a 39 grados y desorientación, sin tos”.
A partir de ahí, la familia encontró muchas dificultades en hablar con el padre y en conocer realmente su estado de salud. Finalmente, el día 27 de marzo (tras ingresar el 24), el hospital se puso en contacto con la esposa del paciente para informarle de que tenía los pulmones encharcados y de que “se está muriendo”.
Una de las hijas pudo entonces entrar al hospital y ver a su padre, que estaba con una máscara de oxígeno Moneghan, pero no intubado.
La doctora que se presentó a atenderla sólo le pudo responder “no hay”, sin explicar si se refería a camas de UCI, a respiradores para intubar al enfermo, o a ambos elementos.
Finalmente, el hombre fue sedado, sin que la familia pudiera decidir sobre ello y sin que -denuncian- se planteara la opción de trasladarlo a otro hospital.
Ese 27 de marzo por la noche, sobre las 21:45, falleció Manuel Leal. La doctora indicó que se certificaba la causa de la muerte por “neumonía bilateral con probable origen en infección por COVID-19, pero que debían a estar a los resultados de pruebas”, que terminaron dando positivo tras el fallecimiento.
En la denuncia presentada al juzgado de Rubí, los abogados argumentan que “la situación de estrés asistencial que se está padeciendo por la pandemia del llamado Coronavirus, hace injustificable el maltrato realizado a la familia, incrementando el dolor producido en una situación que ya de por sí está presentando unas características no antes vistas, por el aislamiento del paciente respecto a su familia, que no puede ni debe justificar el abandono tanto al paciente como a la familia”.
Y añaden, citando jurisprudencia sobre otros casos judiciales sobre mala praxis médico, que “el paciente no es una estadística, creemos que el hospital objeto de la denuncia, al tener que responder ante una patología que está causando una catástrofe, no solo abandonó a su suerte al paciente, sino que no cumplió con los mínimos principios deontológicos [...] La fuerza mayor no es excusa absolutoria penal ni moral en este caso”.
