Dimite Eduardo Álvarez, director general de Radio Televisión Castilla y León

Acaba de abandonar el medio, que desde el año 2009 es de gestión privada

Castilla y León Televisión
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La Radio Televisión de Castilla y León se acaba de quedar sin director general. Eduardo Álvarez, que llevaba al frente el ente desde hace ocho años, ha dimitido de su cargo.

RTVCYL está participada al 50% por Promecal Audiovisuales (Méndez Pozo) y Edigroup (Ulibarri), que gestionan el canal.

El propio Eduardo Álvarez ha confirmado a Confidencial Digital su dimisión, aunque no ha querido explicar más sobre las causas.

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes cercanas a la compañía, en el entorno de Álvarez se comenta que se ha producido enfrentamiento con los empresarios que controlan el canal autonómico, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri, al parecer relacionado con el pago del IVA.

La historia reciente de RTVCYL

Hace ocho años ya se planteó un problema con el pago de impuestos a la Junta de Castilla y León por parte de la empresa. Coincidió, además, con el relevo en la dirección: Eduardo Álvarez sucedió a Óscar Campillo, que llevaba años en el cargo.

Los hechos se remontan a 2011, cuando la empresa pasó por el momento más delicado desde su creación. La Agencia Tributaria le reclamó a RTVCYL 10,7 millones de euros correspondientes al IVA de los contratos-programas firmados con la Junta para la financiación de parte de la programación de sus canales.

Impuestos liquidados

Promecal Audiovisuales (Méndez Pozo) y Edigrup Producciones (Ulibarri), recibieron entre 2009 y 2011 en torno a 70 millones de euros de la Junta de Castilla y León: 20 millones de euros (2009), 25 millones (2010) y 25 millones (2011), de los que la compañía audiovisual no había liquidado el pago de impuestos indirectos.

Los gestores consideraban que la aportación pública regional es una subvención, mientras que Hacienda estimaba que se trata de una prestación de servicios. Desde entonces Méndez Pozo y Ulibarri han recurrido a bienes propios y a patrimonio de sus empresas para pagar 7 de los más de 10 millones de euros que les reclama la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional puso fin a este largo proceso judicial en mayo de 2018. Consideró que el contrato programa que la Junta de Castilla y León mantiene con RTVCYL está sujeto al IVA, al entender que se trata de la contraprestación por un servicio público y no de una subvención, según la sentencia.

 

La consecuencia práctica de esta decisión judicial es que el Gobierno autonómico deberá abonar a la cadena de televisión el IVA de los ejercicios entre 2009 y 2017, que ascendería a unos 28 millones de euros, en tanto que RTVCyL tenía que desembolsar a la Agencia Tributaria en torno a unos siete millones de euros de los años 2010 y 2011 para el pago de este impuesto.

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