Pulso en Puertos de Tenerife: el presidente convoca un consejo para destituir al director

Según ha sabido El Confidencial Autonómico, esta cita viene precedida de un duro pulso interno entre el directivo ahora cuestionado y el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior.

Melchior es una institución en las Islas. Fue presidente del Cabildo Insular de Tenerife durante catorce años y es miembro de la ejecutiva insular de Coalición Canaria. Lleva tres años al frente de Puertos de Tenerife y en estos momentos, se encuentra inmerso en una investigación judicial, acusado de contratación irregular.

La semana pasada, la Fiscal María Farnés Martínez solicitó efectivamente a la Autoridad Portuaria, en nombre de la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife, el envío del expediente de contratación de Rosa María Rivero. Se trata de una profesional que, según se ha podido acreditar, ha estado cobrando de esta institución mensualidades que van desde los 2.100 a los 2.862 euros brutos desde finales de 2015 en concepto de “Servicios profesionales de asesoramiento”.

La fiscalía ha citado a declarar también por este caso a la jefa del Servicio Jurídico y secretaria del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, Rosario Arteaga; al jefe de Recursos Humanos, Miguel Ángel Hormiga; y al jefe de Contabilidad, José Bastida.

El trasfondo de la reunión del consejo convocada para este miércoles parece ser, precisamente, la denuncia de estos hechos por parte del director de la Autoridad Portuaria. José Rafael Díaz lleva meses reclamando el fin de esta situación invocando la Ley de contratación, que no permite el pago de servicios a un mismo proveedor por un valor superior a 18.000 euros al año y por periodos de tiempo superiores a un año.

En el acto de este miércoles están convocados los siguientes actores: Gema Esther Sotomayor, como abogado Jefe de los Servicios Jurídicos del Estado en Santa Cruz de Tenerife; María Jesús Calvo, representante de Puertos del Estado; Oscar García, concejal del PP y representante de la Administración del Estado; cuatro representantes del Gobierno de Canarias: Pilar Parejo, Rosa Dávila, José Alberto Díaz y Francisco Linares; José Manuel Bermúdez como representante del Ayuntamiento de Santa Cruz; Sergio Matos, en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma; Carlos Alonso, como representante del Cabildo de Tenerife; Anselmo Pestana, como representante del Cabildo de La Palma; Casimiro Curbelo, como representante del Cabildo de La Gomera; Belén Allende, como representante del Cabildo de El Hierro; José Luis García, por la Cámara de Comercio; Antonio Padrón, como Capitán Marítimo; Eduardo Bezares, del consejo de usuarios del puerto y vicepresidente; y Antolín Goya, por lo sindicatos. Además del presidente, Ricardo Melchior, con voto de calidad en caso de empate.

Todos ellos se enfrentan este miércoles a un dilema. Según ha sabido ECA, en el transcurso de esta sesión se va a presentar un dictamen, elaborado por una catedrática de Derecho del Trabajo, en el que se recuerda a los integrantes del consejo varias cuestiones relevantes. A saber:

-- Que el consejo es el máximo órgano de gobierno de la entidad, pero no es un órgano político (aunque esté integrado por políticos). De ahí que sus decisiones no puedan ser políticas y deban ser siempre justificadas.

-- Que el Consejo de Administración es responsable penalmente de lo que allí se decida. Es el máximo órgano de gobierno del Organismo “Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife”, que pertenece al Ministerio de Fomento del Estado español.

-- Que como órgano colegiado y máximo órgano de Gobierno sus integrantes no pueden inhibirse de las decisiones adoptadas por el Presidente, máxime cuando éste las adopte por delegaciones realizadas por el Consejo de Administración.

-- Que la destitución del Director no puede ser arbitraria. En atención a la normativa aplicable –la Ley de Puertos del Estado y de La Marina Mercante- el puesto de director es un puesto de gestión y no de gobierno; por lo que la separación o destitución del director debe ser motivada en relación con el desempeño de su gestión como director. Es decir, que la destitución del director debe basarse en causas objetivas y suficientes relacionadas con el ejercicio de las funciones propias de su cargo.

Según ha confirmado oficialmente un portavoz de la entidad a ECA, este será uno de los primeros puntos a tratar en el consejo de este miércoles. Estarán todos los miembros citados y deberán pronunciarse sobre la cuestión. Salvo sorpresa de última hora.