La ANC recomienda a los funcionarios pedir por escrito las órdenes para la independencia
Para tranquilizarlos, señala que ahora mismo la normativa vigente es la española pero dejará de serlo cuando Cataluña tenga un “marco legal propio”
La Generalitat y el Parlament de Cataluña continúan firmes en su empeño de avanzar hacia la independencia, romper con el conjunto de España y crear un estado propio. Este empeño ha provocado inquietud entre las plantillas de empleados públicos, que se ven abocados al dilema de si obedecer las órdenes de sus superiores aunque puedan ser contrarias a la ley, a la Constitución y a lo que dicten los tribunales.
El Confidencial Digital ya contó que ante las preguntas de muchos funcionarios, los sindicatos como CSI-F estaban pidiendo a la Generalitat que “no ponga a los funcionarios en la tesitura de ejercer su trabajo bajo el paraguas de unas normativas autonómicas que contravienen el marco legal establecido”.
Para protegerles jurídicamente, les recomendó no aplicar instrucciones que contravengan la legalidad española. Además, CSI-F ha creado un protocolo de actuación para que los funcionarios que se vean afectados por órdenes de superiores en favor de la ruptura independentista, puedan denunciar los casos y puedan consultar qué hacer para no terminar sufriendo consecuencias: administrativas, por parte de la Generalitat, por negarse a cumplir órdenes, o jurídicas, por parte del Estado, si decide llevar a los tribunales a quienes desarrollen las “estructuras” para crear una Cataluña independiente.
Dentro de una semana, serán los independentistas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) los que presenten su propio informe sobre la posición de los funcionarios en este escenario de proceso rupturista por el que la Generalitat pretende avanzar.
Fuentes de la ANC consultadas por El Confidencial Autonómico admiten que el objetivo de este documento que han elaborado profesor universitarios, expertos en Derecho Administrativo y también funcionarios soberanistas de la administración del Estado, es “tranquilizar” a los trabajadores públicos: “Vamos a aclarar a quienes se vean amenazados, para decirles que no pueden ser perseguidos porque no van a cometer ningún delito”.
Conclusión: no cometerá delitos de sedición y rebelión
Se trata, por tanto, de un estudio jurídico destinado a despejar la preocupación de los funcionarios, incluidos los más inclinados al independentismo, que pudieran tener dudas por si el Estado actuaba contra ellos y, por ejemplo, les inhabilitaba.
Antes de la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, el Gobierno ya comunicó a los empleados públicos que si desobedecían la suspensión del Tribunal Constitucional y colaboraban con ese “referéndum”, se enfrentaban a juicios rápidos que podrían acabar en condenas de inhabilitación para ejercer un cargo público.
Ahora, la ANC trata de aclarar a los funcionarios que no tienen que tener miedo a represalias del Estado. “El funcionario no va a incumplir ninguna ley ni va a cometer ningún delito como rebelión o sedición, sólo cumple con las tareas que se le encomiendan”, aseguran desde la Assemblea Nacional Catalana.
Eso sí, ante la preocupación de algunos funcionarios que no acaben de creerse que poner en marcha las “estructuras de Estado” no tendrá perjuicios personales, la organización independentista recomienda a quien crea que alguna orden puede ser ilegal “o se aleja de sus obligaciones”, que la pida por escrito.
Así, se podrá defender ante una denuncia asegurando que se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores en la administración.
Esta misma opción, la de pedir las órdenes por escrito, es la misma que utilizaron los mossos, directores de institutos y otros empleados públicos que tuvieron que trabajar el 9-N para facilitar el referéndum sobre la independencia.
Ceñirse a los marcos legales vigentes
Las fuentes de la Assemblea Nacional Catalana -organizadora de las grandes movilizaciones a favor de la secesión- explican a ECA que los funcionarios se limitarán a cumplir la legalidad vigente.
¿Y cuándo se consideraría que están bajo una legalidad exclusivamente catalana? La respuesta no es tajante, pero desde la ANC explican que cuando Cataluña ya haga realidad un marco legal propio y esté vigente, dejarán de regir las normas españolas, y por tanto el Estado ya no podrá tomar medidas contra los funcionarios.
Eso sí, “ahora mismo el marco legal vigente es el español”, admiten en la Assemblea Nacional Catalana. Pero en el momento en que se produciera la ruptura o “desconexión”, la legalidad vigente pasaría a ser exclusivamente la de las instituciones catalanas, argumentan los independentistas en este informe elaborado para vencer las resistencias y las cautelas de los funcionarios.
