Escándalo en la votación. PSOE y Somos votan a favor de la amnistía de Sánchez

• El acuerdo aprobado tras votación nominal de cada concejal de la Corporación, también se manifiesta en contra de los indultos generalizados.
• La alcaldesa, Paloma Tejero, ha reiterado tras la sesión la necesidad de acuerdos de Estado que “eviten los chantajes independentistas”.

El Pleno de Pozuelo de Alarcón ha puesto de manifiesto este jueves su rechazo ante cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, sea cual fuera su delito.

Este es uno de los acuerdos de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular y que ha sido aprobada tras una votación nominal con los votos a favor de todos los ediles populares y del Grupo Municipal VOX.

Los concejales del Grupo Municipal socialista, Ángel González Bascuñana, Ana María Hernández Martínez, y Heliodoro Cobaleda Esteban,  y la concejal de Somos Pozuelo, Patricia Cabal Lorenzo,  han votado en contra.

El texto, que ha sido defendido por el portavoz del grupo proponente, Félix Alba, incluye otros acuerdos que serán trasladados a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP.

Alba ha recordado que “el pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad”.

“Este es un momento, en el que las circunstancias hacen necesario elegir entre dos cosas: por un lado, el presente del poder y, por otro, el futuro de la democracia”, ha asegurado el portavoz.

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero ha asegurado tras el Pleno “el precio de la Presidencia del Gobierno no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo, a ojos del mundo, a una dictadura y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo; se les concedería a los golpistas su falacia de que son “presos políticos”.

En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente, y para España entera, que está causando una profunda conmoción social”. “Se hace absolutamente necesario que los partidos mayoritarios lleguen a acuerdos que eviten los chantajes independentistas”, ha concluido la primer edil.

Razones para rechazar la ley de amnistía que pretende Pedro Sánchez y el PSOE

En primer lugar, porque, si cualquier amnistía supone una medida de gracia extraordinaria que rompe la igualdad ante la ley, el problema se hará más visible cuando determinadas personas se vean libres de toda responsabilidad penal mientras otras cumplan sus penas por los mismos delitos. Además, conceder una amnistía como parte de una negociación para la investidura de un Gobierno es comprar impunidad a cambio de votos. La degradación más evidente de un Estado de Derecho. Ninguna de las amnistías que se han concedido en los últimos años en las democracias de la Unión Europea ha sido a cambio de una votación de investidura.

En segundo lugar, porque quienes se beneficiarían de la misma ni han reconocido la ilicitud de sus actos ni muestran signos de un compromiso para favorecer la convivencia democrática en nuestro país. Todo lo contrario: reivindican la legitimidad del 1-O y mantienen un “Ho tornarem a fer!” (lo volveremos a hacer). En este contexto, la concesión de la amnistía no es una forma de reconciliación o perdón propia de situaciones de transición de la dictadura a la democracia, de periodos posteriores a una guerra civil o como vía para la pacificación de un conflicto armado, sino la deslegitimación del Estado de Derecho, asumiendo el marco de que el Estado español es un Estado autoritario y no una democracia europea homologable con las de la UE e incluso superior a varias de ellas de acuerdo con rankings tan prestigiosos como los de The Economist, V-Dem o Freedom House.

Y, en tercer lugar, porque el hecho de que quienes lideraron aquella insurgencia lo hicieron invocando una causa política en defensa de un inexistente derecho de autodeterminación no resta un ápice del reproche que en términos democráticos y jurídico-penales pueda hacerse de sus actos. No cabe realizar un juicio favorable sobre las motivaciones de quienes entonces actuaron rompiendo las bases de la convivencia democrática y, reiteramos, la respuesta del Estado en defensa de la Constitución se adecuó a los estándares propios de un Estado democrático de Derecho, por lo que no estaría justificada una amnistía que a la postre vendría a legitimar la ruptura y a cuestionar la legítima respuesta del Estado, es decir, a darle la razón a los independentistas y su discurso sobre la falta de democracia real en España.

Este problema no se reduce a una mera cuestión técnico-jurídica; está en juego el Estado democrático de Derecho que instauró tras una larguísima dictadura la Constitución de 1978, que es el marco de la convivencia democrática en España.

Las intenciones de quienes pretenden estas cesiones son claras: puesto que carecen de las mayorías necesarias para reformar la Constitución por las vías en ella establecidas lo intentan primero por la vía de hecho y ahora por la vía de unas concesiones que vaciarían de contenido la propia Constitución, dejándola como una mera carcasa donde todo cabe; siempre habrá juristas dispuestos a venderse, y desgraciadamente las instituciones de contrapeso, como el Tribunal Constitucional, acusan una evidente falta de “auctoritas”, debido a su colonización y captura por parte de los principales partidos políticos.