No habrá indemnización por el cierre del diario Egunkaria. Justicia descarta abonar los 17 millones que pedían los acusados, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional

El Estado no asumirá la responsabilidad patrimonial por el cierre del periódico Egunkaria. La directiva de este diario, clausurado por el juez Del Olmo en 2003, pedía 17.024.494,75 euros como indemnización tras el proceso judicial, del que salieron sin cargos. En pleno aniversario del cierre, el Ministerio de Justicia ha rechazado esa petición y la antigua cúpula del periódico va a presentar un recurso de reposición.

El Ministerio de Justicia impedirá que los responsables del periódico Egunkaria continúen utilizando la vía administrativa para lograr una indemnización. El diario era el único que se publicaba en euskera durante los 90 y fue clausurado en febrero de 2003 por su presunta relación con la banda terrorista ETA.

Después de un largo proceso, los componentes de la directiva –Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Xabier Oleaga, Txema Auzmendi e Iñaki Uria fueron absueltos por la sala segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde entonces, sus responsables han exigido una “reparación del daño causado” que incluye una indemnización millonaria.

Según fuentes consultadas por El Confidencial Autonómico, en abril de 2010 pusieron una demanda contra el Estado en la que solicitaban 17.024.494,75 euros por los daños causados. Después de varios meses, el Ministerio de Justicia ha rechazado asumir ninguna responsabilidad patrimonial al respecto.

Tal y como confirman fuentes judiciales a este diario, los interesados tienen un plazo de 30 días para interponer un recurso de reposición, una maniobra que desde el entorno de la antigua directiva de Egunkaria ya han afirmado que harán. El siguiente paso sería acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

El juicio oral por el ‘caso Egunkaria’ comenzó en diciembre de 2009 y su sentencia se hizo pública el día 12 de abril de 2010, ratificada por el juez Javier Gómez Bermúdez. El sumario económico está todavía pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y expone a los acusados a un total de 128 años de cárcel y 30 millones de euros de multa.

El caso Egunkaria

En 2001, la Guardia Civil estaba investigando posibles blanqueos de capital relacionados con la financiación de ETA. En ese contexto, algunos informes pusieron en el punto de mira a Egunkaria.

Esas investigaciones llegaron hasta la Audiencia Nacional, donde se hizo cargo de la instrucción el juez Juan Del Olmo. Se consideró la posibilidad de que el periódico fuese una fuente de ingresos para ETA o bien un beneficiario del dinero que conseguía la banda terrorista con su ‘impuesto revolucionario’ y las extorsiones.

En febrero de 2003, comenzaron los registros y las detenciones de 10 personas. Como medida cautelar, se produjo el cierre del diario el día 20 de ese mes, así como el bloqueo de sus finanzas y de las subvenciones del Gobierno vasco.

 

La sentencia absolutoria de 2010 declaró que la suposición de que el periódico Egunkaria estaba controlado por ETA carecía “del más mínimo sustento probatorio”. También añadía que no fue instrumento ni soporte de “actividad criminal alguna” y dicta que el cierre no tenía la “cobertura constitucional” adecuada.

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