Un colectivo en defensa de los presos de ETA ‘precinta’ de forma simbólica la cárcel de Ocaña, en Toledo, ante lo que consideran “cadenas perpetuas encubiertas”. Vea el vídeo

Martes, 23 de julio. Ocho de la mañana. Alrededores del centro penitenciario de Ocaña II, en Toledo. Un grupo de ocho personas despliegan pancartas reivindicando el acercamiento de presos y escenifican el cierre del centro penitenciario. "Vamos a clausurar la cárcel de Ocaña porque vulnera los derechos de los presos y presas políticos vascos", explica a cámara una de las activistas.

Así se presenta ante la sociedad el grupo Elkartasun keinuak, en un vídeo de dos minutos y medio, cuyo principal objetivo es mostrar “solidaridad con los presos y refugiados” –presoekin eta iheslariekin elkartasuna–, tal y como explican en la página web del colectivo, consultada por El Confidencial Autonómico.

El vídeo que recoge su “cierre simbólico” de la cárcel de Ocaña ronda las 2.000 visitas en Youtube. “Animamos a la sociedad de Euskal Herria a que lleve a cabo iniciativas de este tipo a favor de los derechos de los presos y presas políticos vascos”, añade al final del vídeo una de las participantes en el acto.

En su blog explican que el objetivo de esta campaña es “denunciar” y “hacer visible la situación que viven” los que denominan “presos y refugiados políticos” del País Vasco. “Los derechos humanos se encuentran secuestrados bajo llave en las cárceles”, continúan.

El alegato continúa aludiendo a los encarcelados que han cumplido “los tres cuartos de la condena” y siguen en prisión, algo que no consideran “normal”. Se refieren a las sentencias judiciales como “inconsecuentes e injustas condenas” y critican las “penas añadidas” y las “cadenas perpetuas encubiertas”.

A vueltas con la doctrina Parot

Usa la imaginación y levántate ante esta injusticia. No aceptamos esta situación como normal”, afirman, en lo que supone un llamamiento a nuevas actuaciones simbólicas como la que ha tenido lugar en la cárcel de Ocaña.

La elección de este centro penitenciario no es casual. Allí estuvo interno José Ignacio Gaztañaga, con una condena de más de 153 años por el asesinato de un policía nacional en Vitoria en 1985.

Gaztañaga abandonó la cárcel en marzo de 2012 –junto a otros dos presos en condiciones similares, en otras dos cárceles– después de que la Audiencia Nacional anulase la aplicación de la doctrina Parot en su caso.

 

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