La “sociedad vasco-navarra”, según el PNV
El diputado del PNV en el Congreso, Mikel Legarda, intervino en el Pleno para pregutar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por el caso de las peticiones de prisión para los agresores de Alsasua. Y lo hizo refiriéndose a la "perplejidad" que han suscitado en "la sociedad vasco-navarra", uniendo a los habitantes de ambas Comunidades Autónomas en un mismo ente social. Legarda argumenta que dicha perplejidad "ya lo fue cuando se habló hace ya unos meses de que las penas pudieran rondar los 20 años de cárcel, pero que ahora ha dejado a aquella sociedad literalmente boquiabierta, cuando se conoce que no son 20 sino 63, 50 y 18 años".
El diputado del PNV recuerda que desde su partido se condenó esta agresión, se solidarizaron con sus víctimas, consideraron una "comparación indefendible e insostenible" mantener que los agresores son tan víctimas como los agredidos y sostuvieron que no puede haber "impunidad para las manifestaciones de violencia y sus responsables". No obstante, advierte que se ha de resaltar "la desproporción que rodea este caso y que no se compadece ni con la normalidad, ni con la convivencia democrática, ni con la legalidad misma, ni con el nivel prácticamente inexistente de agresiones contra la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra frente a las sufridas en el resto del Estado desde el año 2012 hasta nuestros días: 131 frente a 13.500 en el resto del Estado".
Legarda considera además que "no es razonable que estos hechos tengan penas muy superiores a matar a alguien o a una violación o a un secuestro o al tráfico de armas o a un infanticidio". Y también que "es sobreactuar, como poco, encuadrar las agresiones en el contexto de la violencia de ETA al vincular a alguno de los acusados con movimientos que, por medios legales, reclaman el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra". Por último, el representante del PNV sostiene que no se puede "transitar desde unos hechos en los que no se constata ni conspiración ni coordinación previa, hasta convertirlos en un acto de terrorismo, recorriendo para ello un trecho que ni el sentido jurídico ni el común permiten recorrer".
