Parla, Algeciras, Jaén y Jerez no logran salir de la quiebra pese a los préstamos del Gobierno

Tribunal de Cuentas
Tribunal de Cuentas

Un informe del Tribunal de Cuentas señala que los ayuntamientos de Parla (Madrid), Algeciras, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Jaén no han logrado revertir su situación de riesgo financiero en los años 2020 y 2021 a pesar de las diferentes medidas de apoyo financiero otorgadas por el Estado, que consisten sobre todo en préstamos a través de un fondo.

Así se recoge en este informe que ha realizado el Tribunal de Cuentas para fiscalizar la situación financiera de determinados ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento en los ejercicios 2020 y 2021.

Las ayudas que han recibido estos ayuntamientos proceden principalmente de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación. Para poder adherirse a estos fondos estos cuatro consistorios debían de elaborar planes de ajuste.

Entre el 2015 y 2021 los ayuntamientos de Parla, Algeciras, Jaén y Jerez recibieron un total de 859 millones de euros procedentes del Fondo de Ordenación.

En cualquier caso, el informe concluye que los cuatro ayuntamientos se encontraban en situación de riesgo financiero. Todos ellos, salvo el de Jaén en el año 2021, registraban ahorro neto negativo, es decir, sus ingresos eran insuficientes para atender los gastos y la amortización de la deuda.

Deuda por habitante

De esta manera, el endeudamiento financiero por habitante en Algeciras durante el 2021 fue de 1.775 euros. En el caso de Jaén este endeudamiento por habitante alcanzó los 4.427 euros mientras que en Jerez de la Frontera y en Parla fue 4.140 euros y 2.652 euros respectivamente.

En cuanto al endeudamiento total, el ayuntamiento de Algeciras tenía en 2021 una deuda de 276 millones de euros, el de Jaén de 604 millones de euros, mientras que los de Jerez de la Frontera y Parla registraron deudas totales de 1.054 y 613 millones de euros respectivamente.

Además, el informe señala que Jerez recibió 432 millones del Fondo de Ordenación, el de Jaén 229 millones, el de Algeciras 105 millones, y, el de Parla, 92 millones.

Otro de los aspectos negativos de las cuentas de estos cuatro consistorios tiene que ver con la deuda comercial, ya que en todos ellos el Periodo Medio de Pago a Proveedires mensual superaba el límite máximo legal de 30 días durante 2020 y 2021, aunque en el caso de Algecrias era significativamente menor que en el resto.

 

Plan de ajuste

Según explica el Tribunal de Cuentas, la adhesión al Fondo de Ordenación exige por parte de todas las entidades locales de la aprobación de un plan de ajuste y de la adopción de determinadas medidas para revertir la situación financiera bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Por ello, el órgano fiscalizador también han analizado estos planes de ajuste y la ejecución de sus medidas, concluyendo que estos ayuntamientos "no han adoptado las medidas necesarias y no han alcanzado los ahorros previstos en los planes de ajuste, especialmente en los últimos ejercicios analizados, lo que ha llevado al incumplimiento de los objetivos planificados y al empeoramiento de las magnitudes representativas de su situación financiera".

De esta forma, en el Ayuntamiento de Algeciras las medidas adoptadas entre 2015 y 2021 proporcionaron un ahorro total de 1,1 millones de euros frente a los 12,5 millones que se habían previsto.

En el caso de Jaén, la previsión de ahorro en los planes de ajuste era de 104 millones de euros, pero el ahorro total obtenido fue de 7,1 millones de euros.

Según el informe de fiscalización del Tribunal, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera alcanzó un mayor nivel de cumplimiento en sus planes de ajuste consiguiendo un ahorro de 11,6 millones de euros, el 60% del ahorro total previsto entre 2015 y 2021. Sin embargo, las principales magnitudes representativas de su situación financiera empeoraron significativamente en los últimos ejercicios.

Por su parte el Ayuntamiento de Parla la única medida contenida en el plan de ajuste consistía en un desarrollo urbanístico, que estaba previsto que proporcionara un ahorro total de 21,7 millones de euros, pero al cierre del periodo fiscalizado, no había generado ahorro alguno.

Ninguna medida

El informe de fiscalización aprobado por el Tribunal de Cuentas constata que "pese a la situación de incumplimiento generalizado, el Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adoptado ninguna de las medidas para reconducir la situación".

En este punto, creen que los requerimientos para la adopción de medidas correctoras del Ministerio a las cuatro entidades no fueron atendidos.

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