Tenientes generales serán desahuciados por Defensa por viviendas en las bases de Rota y San Javier

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensaha puesto en un aprieto a varios oficiales generales de las Fuerzas Armadas. Les ha abierto expedientes de desahucio por las viviendas de uso militares que tiene asignadas en bases, como la de Rota (Cádiz) y San Javier (Murcia), mientras que algunos están destinados en Madrid.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox en el Congreso de los Diputados han solicitado recientemente que el Ministerio de Defensa refuerce los controles en las viviendas destinadas a militares, y que para ello aumente las inspecciones físicas a esos domicilios.

El objetivo sería detectar posibles ocupaciones “fraudulentas”. Diputados de ambos partidos han hecho esa petición a cuenta del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa relativo al año 2017.

En dicho informe, el Tribunal de Cuentas recoge que en 2017 se detectaron casos en los que no se justificó la ocupación de la vivienda según los requisitos exigidos por la ley, pero pese a ello no se tomaron medidas y continuaron “la ocupación irregular de la vivienda y el cobro del canon”.

En el marco de esa polémica, ECD ha podido confirmar que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa ha abierto expedientes de desahucio a militares que ocupan estas viviendas en bases militares; varios de ellos son oficiales generales, incluidostenientes generales que ocupan cargos relevantes de responsabilidad en la estructura de las Fuerzas Armadas.

En Rota y San Javier

Según los datos recabados por ECD, algunos de esos expedientes de desahucio afectan a viviendas de uso militar de la base naval de Rota(de la Armada, en Cádiz), así como de la base aérea de San Javier (en Murcia, del Ejército del Aire)

En fechas recientes se han producido inspecciones del INVIED en pabellones de cargo y en viviendas asignadas a oficiales y oficiales generales en varias bases militares. En dichas inspecciones se han detectado alojamientos “infrautilizados”, y por eso se han abierto expedientes de desahucio.

En varios de los casos de los que ha tenido conocimiento ECD, los generales que tienen asignadas esas viviendas ya no están destinados en dichas bases. Les fueron adjudicadas hace años, cuando llegaron a Rota, San Javier u otras bases militares, para hacerse cargo de puestos de mando.

Allí se instalaron, con sus familias. Pero conforme fueron ascendiendo, cambiaron de destino y en muchos casos fueron enviados a Madrid, a órganos centrales del Ministerio de Defensa, el Estado Mayor de la Defensa o los ejércitos de Tierra, de Aire y la Armada.

Cambios de destino: a Madrid

Fuentes consultadas por ECD señalan que las viviendas de las bases militares se asignan a los militares que son destinados en las unidades de dichas bases, y que por lo tanto, cuando se les cambia de destino, lo normal es que dejen las viviendas de estas bases.

Esto no ha sido así en algunos casos, y por eso ahora se ha detectado que hay oficiales generales, incluso en el empleo de teniente general, que siguen teniendo asignadas viviendas en bases fuera de Madrid, cuando llevan muchos años (en ciertos casos, alrededor de una década) destinados en la capital de España.

Las viviendas que mantienen en esos otros puntos de España suelen ser de uso familiar, o las utilizan en fines de semana, vacaciones... Algunas fuentes señalan que estos altos mandos mantienen también estas segundas viviendas en bases militares con la esperanza de poder volver a ellas cuando pasen a la reserva y cesen en los destinos que tienen en Madrid.

Añaden que esto es especialmente habitual en el Ejército del Aire, que altos mandos sigan teniendo asignadas viviendas de las bases en las que estaban destinados, pese a que hayan sido enviados a puesto y se hayan tenido que mudar.

Cabe señalar que los militares pagan un alquiler mensual por alojarse en estas casas, que son habituales en muchas bases y acuartelamientos de Tierra, Armada y Aire.

Fase de alegaciones

El inicio de estos expedientes de desahucio han provocado ciertos movimientos internos. En algunos casos, el INVIED ha iniciado el expediente de desahucio tras las inspecciones, y por ahora los expedientes se encuentran en fase preliminar de alegaciones.

Los oficiales generales afectados están presentando sus alegaciones para defender que tienen derecho al uso de la vivienda, de acuerdo con la normativa vigente.

Continúa en vigor el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial (aprobado durante la dictadura de Franco), que al estar en parte obsoleto se ha de armonizar con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A estos procesos, por tanto, aún les queda tiempo hasta que se tome la decisión definitiva de desalojar o no a los generales que ocupan estas viviendas.

Gestiones ante el JEMAD

Confidencial Digital ha podido saber que algunos de los oficiales generales afectados no se han limitado a presentar sus alegaciones en defensa del uso de la vivienda. En paralelo al proceso formal, han mantenido contactos para intentar frenar el desalojo.

Estos contactos para intentar evitar el desahucio han llegado en primer lugar hasta la dirección del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensagestiona el patrimonio inmobiliario de las Fuerzas Armadas, y es el encargado de esos alojamientos y viviendas. Al frente del instituto se encuentra el general de Brigada de Intendencia (en la reserva) Sebastián Marcos Morata.

Los movimientos de los oficiales generales a los que se ha abierto expediente de desahucio también han incluido contactos con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro López Calderón, para que mediara ante el Ministerio de Defensa.

Sin embargo, las fuentes consultadas por ECD aseguran que desde la Secretaría de Estado de Defensa, de la que depende el INVIED, se muestran muy firmes en su intención de continuar adelante con los expedientes, y si así se decide, desalojar a los tenientes generales y otros oficiales generales afectados.