Asociaciones de guardias civiles exigen a Interior soluciones al desalojo de 60 familias de la casa cuartel de Cartagena
El mal estado del edificio obliga a sacar a los residentes. Jucil reclama una solución urgente
- JUCIL acudió a Cartagena
- Apoyo y colaboración municipal
- Ni planificación, ni previsión
- Hasta el final con ellos
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha solicitado al Ministerio del Interior que actúe con la máxima urgencia para evitar que sesenta familias de guardias civiles queden en la calle ante el inminente desalojo de los pabellones residenciales del cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, declarados en ruina.
“JUCIL pide al Ministerio que asuma con la máxima urgencia sus responsabilidades y no deje en la calle a estas familias a las que han abandonado a su suerte y, que de la noche a la mañana, se han encontrado con un comunicado que les informa que deban abandonar de manera inmediata las viviendas en las que residen dentro del cuartel,” ha explicado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.
JUCIL acudió a Cartagena
Ernesto ha viajado a Murcia y a Cartagena para conocer de primera mano la situación de los compañeros destinados en esta última ciudad y buscar, junto con la Comandancia de la Guardia Civil y con la Alcaldía de Cartagena, la mejor solución de realojo para los guardias civiles afectados.
“Se trata de actuar con la mayor diligencia, ya que se nos ha informado de que los compañeros que residen en el cuartel recibirán en los próximos días un escrito nominativo en el que se les indicarán que deben abandonar este edificio, con problemas como los que afectarán a las familias con hijos escolarizados en la zona y que deberán buscar antes del inicio del curso un nuevo centro escolar” ha explicado el dirigente la asociación profesional.
Apoyo y colaboración municipal
El secretario general de JUCIL fue recibido por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Esta ha mostrado la total disponibilidad de su equipo de gobierno para encontrar una solución adecuada y digna para todos los afectados.
“Debo agradecer el espíritu de colaboración que hemos hallado en el Ayuntamiento, cuya primera edil nos ha indicado que su objetivo es el de no dejar en la calle a ningún vecino de esta ciudad ¡y menos a un guardia civil!, según nos ha transmitido Noelia Arroyo”, ha narrado Vilariño.
“Una actitud colaborativa que contrasta con la mostrada hasta el momento por el ministerio del Interior, que después de años de dejadez y de abandono, años de no atender los informes de los técnicos que señalaban el deterioro de unos edificios que sólo tienen sesenta años, ahora ha dejado a su suerte a familias, muchas de ellas con niños pequeños” ha manifestado el secretario general de JUCIL.
Ni planificación, ni previsión
JUCIL lamenta la inexistencia de cualquier previsión frente a estas situaciones, que no son sobrevenidas, ya que los signos de deterioro y de mal mantenimiento de los edificios se han observado desde hace años.
“Ni se ha planificado que ocurrirá con esas instalaciones y, por supuesto, tampoco se contempla un fondo de compensación para los afectados, sobre todo porque hay compañeros, hay familias que han llevado a cabo en estos años importantes inversiones en la mejora de sus viviendas, como es el caso de un asociado de JUCL, que nos ha relatado cómo ha invertido más de 20.000 euros en la mejora de su vivienda.
Una cantidad que ahora perderá”, ha asegurado Ernesto Vilariño.
Hasta el final con ellos
JUCIL es una asociación profesional cuyo fin es la defensa de los intereses laborales y sociales de los guardias civiles, por lo que vamos a seguir junto a los compañeros de Cartagena en la búsqueda de una solución al problema del realojo de las familias afectadas por el ruinoso estado del cuartel, que será finalmente derribado.
“He solicitado una reunión urgentísima con el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para que, con la mayor diligencia, se atienda a este importante problema y se evite, no solo los problemas personales para los afectados por el desalojo, sino también la mala imagen que generaría para la propia Guardia Civil que sesenta familias fueran abandonadas a su suerte por el ministerio del Interior que debe encontrar para ellos una solución habitacional” ha informado por último Ernesto Vilariño.
