Un restaurante, investigado por colocar micrófonos sin el consentimiento de las empleadas

Un juzgado de Madrid y la Agencia Española de Protección de Datos estudian la denuncia de las trabajadoras. La Policía Nacional comprobó los hechos

Cámara oculta en el techo.
Cámara oculta en el techo.

Varias trabajadoras de un restaurante han denunciado en comisaría que en el centro en el que prestaban servicio había cámaras y micrófonos ocultos en el techo de los vestuarios y baños. La Policía Nacional acudió al local y, tras comprobar los hechos, la Comisaría General de Policía Judicial remitió la reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La AEPD se puso en contacto con los encargados de la cafetería para que pudiesen responder, en el plazo de un mes, a las acusaciones de las empeladas. En el texto, aseguran que no existían cámaras ni micrófonos ocultos en las zonas de aseo y que la denuncia se ha emitido por unamala relación laboral entre ellos.

Según han explicado los encargados en la reclamación a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el tener que reducir las jornadas laborales y que no hayan cobrado las cantidades estipuladas del ERTE, ha provocado que el ambiente en el trabajo “se enrareciera”.

Debido a la existencia de estos micrófonos y cámaras en las zonas de aseo, las empleadas denunciaron de forma penal a la empresa, lo que provocó el despido de algunas de ellas y su correspondiente demanda en el tribunal de lo Social. 

En cambio, el local argumenta que han sido las propias trabajadoras las que han cogido el micrófono de la zona office y lo han situado en el falso techo del vestuario, por lo que éstos denunciaron también a las empleadas y consideran que la encargada fue la que ideó el plan para pedir dinero a la empresa. Asimismo, han manifestado que el abogado de una de las denunciantes ha solicitado 35.000 euros de compensación para no ir a juicio.

Además, el local ha relatado que todas las personas que empiezan a trabajar con ellos firman un documento en el que se les explica dónde están situadas las 22 cámaras internas, las dos externas, el equipo de grabación y los cuatro micrófonos, así como el contrato con la compañía de videovigilancia, que tiene como objetivo velar por la seguridad de las personas y bienes.

Ante esta situación la Subdirección General de Inspección de Datos trasladó las actuaciones previas a la investigación al Juzgado de Instrucción nº30 de Madrid. 

La AEPD ha solicitado que se vuelva a abrir la investigación porque han pasado más de 12 meses desde que se admitió a trámite la reclamación y no se ha notificado un acuerdo para iniciar el procedimiento sancionador. 

 

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