Madrid

Móstoles acumula cuantiosas pérdidas en despidos improcedentes y auditorías erróneas

Aumenta la tensión entre la alcaldesa Noelia Posse (PSOE + Podemos) y el resto de grupos municipales

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photo_camera La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse

El ayuntamiento de Móstoles, desde hace dos años, coincidiendo con la llegada al poder de Noelia Posse, protagoniza un reguero de polémicas. Su nexo común son los intentos de despido de los empleados del propio consistorio, así como la voluntad de iniciar procesos legales contra la gestión del anterior equipo municipal.

El reciente cese, el pasado mes de mayo, de un Interventor Municipal ha hecho saltar todas las alarmas, dado que se añade al anterior cese de un Director de Hacienda en 2019, entre otros despidos y ceses dictados calificados de nulos e improcedentes en sentencia judicial.

El coste de estos despidos ha supuesto para las arcas mostoleñas un importe de más de 100.000 euros en indemnizaciones a los afectadosDos Directores Generales, viendo el ambiente de tensión que se respiraba en el área económica del ayuntamiento, optaron casi de manera inmediata por su marcha voluntaria.

Auditoría ad hoc sobreseída 

Estos gastos, a su vez, se han visto superados por una auditoria, de valor de 169.000 euros, para investigar la edificación de un pabellón municipal por parte del anterior equipo de gobierno municipal. La pretensión de encontrar sobrecostes en la construcción ha sido sobreseída y archivada por la Justicia, al tiempo que el magistrado ha dictaminado que “la auditoría, documento en el que se apoya y fundamenta la denuncia, carece de valor”.

Fuentes próximas al consistorio municipal señalan para El Confidencial Autonómico que “Posse, a través del Instituto Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Móstoles, contrató con recursos públicos una auditoría para orquestar una campaña de difamación y calumnias. La presentación de dicha auditoría inició a un proceso judicial. Ahora ya sabemos la sentencia: sobreseimiento y archivo”.

El dictamen, emitido en octubre del año pasado, ha sido obviado por el gobierno municipal de PSOE y Podemos.

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