Madrid

Más de 141.000 Policías, Guardias Civiles y funcionarios de prisiones de Instituciones Penitenciarias se manifiestan en la calle

El Gobierno, PSOE y Unidas Podemos así como Grande-Marlaska hacen oídos sordos a las reivindicaciones sindicales

Manifestación policías sobre la equiparación salarial. (Archivo)
photo_camera Manifestación policías sobre la equiparación salarial. (Archivo)

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos policiales sumergiéndolos en una protesta en Madrid, el próximo día 27 de noviembre, y que aventuran como histórica. Pretenden sacar a la calle a 100.000 agentes para ajustarle las cuentas al Gobierno en una batalla que también destila cierto despecho al sentir que no se les ha tenido en cuenta en la negociación de la nueva ley, en unos trámites que califican "vitales" para su trabajo.

Con la sensación principal de quedar despojados de su autoridad, los cambios en la normativa han conseguido una unidad de acción, inaudita hasta ahora, entre todos los representantes de policías y guardias civiles, que advierten de que esta fusión es el inicio de otras acciones contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en caso de que no se derogue la reforma.

Las principales organizaciones sindicales consideran que esta modificación de la conocida como Ley Mordaza dinamita la potestad de los agentes en la medida en que, por ejemplo, les limita buena parte de su material de trabajo comprometiendo así, insisten, "su capacidad de reacción". También abundan en que "entorpece" el trabajo policial.

Tras la tentativa inicial de constituirse en dos bloques diferenciados con distintas agendas de protestas, finalmente este lunes los sindicatos decidieron confluir bajo un mismo arco y comenzaron a sentar las bases de la macro manifestación que proyectan para dentro de dos semanas.

Los funcionarios de prisiones se encierran en la sede de Madrid

Los sindicatos de prisiones llevan años reivindicando un aumento salarial que les equipare a sus colegas catalanes, el aumento de medidas de seguridad para evitar las agresiones de los presos, la restitución de la autoridad de los funcionarios sobre los internos, la reclasificación de los niveles funcionariales, la recuperación del 100 por cien de las pagas extras o nuevas ofertas de empleo públicos que palien la alarmante falta de personal en las cárceles, entre otros asuntos.

La situación ha dado un salto cualitativo este martes. El presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, han aprovechado una reunión de la mesa delegada de este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, para quedarse encerrados en el interior del inmueble como "medida de presión y para desbloquear las negociaciones" con el equipo de Fernando Grande Marlaska.

El presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, han anunciado este martes que inician un encierro en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como «medida de presión y para desbloquear las negociaciones» con el equipo del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

ACAIP-UGT y CSIF han explicado en un comunicado que «vuelven a encerrarse en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tres años después para mostrar su hartazgo» con una Administración que se ha mostrado «totalmente incompetente e inoperante para solucionar los problemas de la institución y mejorar las condiciones laborales de sus empleados».

"Las relaciones entre trabajadores y administración se han deteriorado de tal manera que hemos tenido que volver al punto de partida", explican ambos sindicatos, que piden el cese de los gestores de Instituciones Penitenciarias -empezando por el director general, Ángel Luis Ortiz-, a causa "de la mala fe" que está demostrando en las negociaciones que han intentando abrir los sindicatos y de "la deriva de la institución".

Grande-Marlaska en el centro de los problemas

El anuncio de la que, según insisten los sindicatos, se va a convertir en la manifestación policial más multitudinaria de la historia, se produjo al término de la reunión que Jupol mantuvo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado día 11. El encuentro resultó estéril en cuanto al fondo porque, aunque el sindicato reconoció que el trato y el ambiente habían sido "afable y distendido", sus representantes advirtieron desde el principio la imposibilidad de compromiso por parte del ministro.

La CEP, otro de los sindicatos más arraigados de la Policía, anunció que declinaba asistir al encuentro con Grande-Marlaska en señal de rechazo por la tramitación de las enmiendas "a espaldas" de los policía. La reunión -que se enmarcaba en la ronda de contactos informales con todos los sindicatos representativos, recuperando la agenda interrumpida debido a la pandemia del Covid-19- selló el frente común integrado por policías nacionales, locales, autonómicos y guardias civiles contra la decisión del Gobierno de ejecutar la reforma.

La respuesta a la decisión de unirse y de "tomar" Madrid el día 27 ha sido "apabullante" entre los agentes de todo el país. La capital recibirá, según los cálculos de los sindicatos, autobuses de todas las provincias españolas con agentes de la Policía Nacional, local, autonómica y de la Guardia Civil.

"Éste, sin duda, es sólo el principio de una verdadera unidad frente a la reforma que se plantea. Nos jugamos mucho, pero no sólo nosotros como agentes, sino también el ciudadano, porque a la larga esto también va a influir en los ciudadanos y en su seguridad", precisa otro de los representantes sindicales consultados por este periódico.

Respecto a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, en un comunicado conjunto de ACAIP-UGT y de CSIF Prisiones, recuerdan que Grande-Marlaska se vanaglorió en público de haber resuelto al llegar a Interior el problema de los sindicatos de prisiones, a los que se encontró encerrados en Instituciones Penitenciarias cuando llegó al departamento, por lo que "tres años después, los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF vuelven a encerrarse en Instituciones Penitenciarias para mostrar el hartazgo ante la situación generada por esta administración".

Los Sindicatos se lamentan de "las mentiras, los engaños y la incompetencia de los políticos"

"Nos van a mandar a la guerra sin los medios adecuados y además el Gobierno nos aboca al enfrentamiento cuerpo a cuerpo", alerta el portavoz del sindicato policial Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía. "El Gobierno no nos puede dejar vendidos en las intervenciones en las calles, y no sólo hablamos del orden público, sino también en las identificaciones, por ejemplo", añade.

"Sin duda -prosigue- es un atropello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por eso hemos dicho basta. La unión es aplastante porque ante esto algo tenemos que decir", añade. Aparte de limitar el uso de material de los antidisturbios, los cambios -indican- pasan por no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros, la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o la reducción de las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor.

Respecto a los sindicatos de funcionarios de prisiones "afirman que "permaneceremos en conflicto y movilizándonos hasta que exista el compromiso público, firme y formal por parte del Ministerio del Interior de atender las justas reivindicaciones del personal penitenciario", señalan ambos sindicatos en un comunicado conjunto. Aseguran que las relaciones entre trabajadores y administración "se han deteriorado de tal manera" que "hemos tenido que volver al punto de partida". Así definen la situación de las negociaciones para atender las condiciones laborales y de seguridad en las que se desempeñan los funcionarios de prisiones.

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