María Rosa García Blanco, la polémica alcaldesa de La Acebeda, convoca el primer pleno en siete meses para aprobar las cuentas del municipio

A pocas horas de que comience el próximo pleno en La Acebeda, resulta máxima la tensión que se respira en este pequeño municipio de la sierra norte madrileña de poco más de 50 habitantes. “Sin ofrecer información previa, avisando con una semana de antelación, tras estar literalmente desaparecida del ayuntamiento durante seis meses, hoy tenemos dos plenos, uno ordinario y otro extraordinario, convocados a las 14:00 y a las 14:30, para aprobar las cuentas del ayuntamiento”. Es la situación descrita por fuentes vecinales para El Confidencial Autonómico.

Actualmente está en sede judicial lo que presuntamente podría resultar un delito de fraude electoral, con penas de hasta dos años de prisión. Para las elecciones municipales de 2018 un total de 15 vecinos fueron dados de baja del censo electoral, mientras que otros 31 —la mayoría, familiares y amigos de la alcaldesa— fueron empadronados. Todo sucedió en un pueblo, uno de los más pequeños de la Comunidad de Madrid, donde en la actualidad residen oficialmente 68 habitantes.

“El proceso es rocambolesco desde su origen. Los nuevos censados fueron inscritos seis meses antes de las elecciones como residentes en un camping que García Blanco había previamente cerrado. Tras la votación la mayoría de esa gente se ha ido del pueblo. Y muchos vecinos de toda la vida fueron expulsados del padrón a la fuerza, aprovechando todas las argucias legales posibles. Lo sacados del padrón censal eran precisamente aquellos que no le resultaban afines ideológicamente; y es que en un pueblo pequeño todo se sabe. De aquellos 75 censados en 2018, ahora en La Acebeda debemos de vivir 55”, señalan las fuentes para este periódico.

Tensa espera  

La denuncia de los hechos fue presentada a la Junta Electoral, y ahora está a la espera de resolución judicial. Ya se ha tomado declaración a la alcaldesa y a su teniente de alcalde, Antonio de la Puebla, ambos de Ciudadanos. Pero la espera, que dura dos años y medio, no resulta sencilla. Los interlocutores lamentan que “García Blanco no deja participar a los vecinos. Todas las instalaciones municipales permanecen cerradas a cal y canto, sin ninguna información de cualquier clase, ni activad lúdica, cultural o de cualquier tipo. Mientras tanto, cobra un sueldo de 1.200 euros por media jornada de trabajo”. Al ayuntamiento, de hecho, solo se puede acceder con cita previa. Todo el personal administrativo trabaja en remoto.  

Sobre las intenciones que podrían presuntamente haber conducido a María Rosa García Blanco a cometer estos presuntos delitos, un vecino recuerda que su padre, hace cuarenta años, fue alcalde de este mismo pueblo. “Quizás por eso, ahora ha querido forzar y ser ella también alcaldesa. Y lo cierto es que lo consiguió en buena lid en su primera legislatura, pero en la segunda, para ganar, ha sucedido todo esto”, lamentan consternados los vecinos.