El Constitucional reabre siete recursos sobre las muertes en residencias de Madrid durante la pandemia

Desde que se decretó el estado de alarma a consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus el 14 de marzo de 2020, casi 8.000 personasque vivían en residencias de ancianos fallecieron sin recibir asistencia sanitaria en hospitales. De todos ellos, casi 6.000 murieron por contraer la enfermedad.

La Consejería de Sanidad emitió los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020 unos protocolos en los que se impidió trasladar de las residencias de ancianos a los hospitales a las personas más vulnerables, por lo que no se les pudo atender.

Ante esta situación, los familiares de los afectados han presentado a lo largo de estos dos años más de 400 querellas, aunque desde hace un tiempo ya han dejado de hacerlo.

Varias de ellas ya han sido archivadas y otras continúan investigándose a día de hoy. Pues bien, tal y como ha explicado Carlos Vila, uno de los abogados que lleva el caso a Confidencial Digital, el día 9 de septiembre se van a llevar a cabo declaraciones en los juzgados de Alcalá.

Archivadas “por no haber delito”

Algunos jueces consideran que no ha habido delito, como es el caso de tres querellas en las que se recogían las muertes de 29 personas de variasresidencias en Leganés, Madrid. La magistrada decidió no continuar con la investigación porque “los protocolos y resoluciones aprobados por las Administraciones Publicas se llevaron a cabo para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en los centros”.

Otros, en cambio, deciden archivarlas explicando que "la situación era muy complicada y que, aunque los hubiesen trasladado, hubiesen fallecido igualmente", ha relatado Carlos Vila.

Pero en determinados casos, algunas resoluciones sí que han fallado a favor y han considerado que "se ha producido un delito de homicidio imprudente y una mala gestión de la situación", señala el abogado a ECD. 

Quieren que se reabran los casos archivados

En cambio, algunos familiares a los que les han archivado las querellas han decidido continuar con el proceso e ir hasta el final. Por ello, actualmente han presentado siete recursos ante el Constitucional con el objetivo de que se reabra la investigación y estudien de forma detallada el caso, solicitando la declaración de los políticos.

Asimismo, requirieren que se tome declaración a Carlos Mur, firmante de los protocolos y al exconsejero de políticas sociales de Ayuso, Alberto Reyero. Este último denunció los protocolos de la Consejería de Sanidad y reclamó en febrero de 2022 una comisión de investigación para esclarecer los hechos.

Reyero reconoció en una entrevista publicada por elDiario.es, los protocolos no fueron éticos por lo que explicó que tanto él como Ayuso debían argumentar lo ocurrido en las residencias. 

Resolver en máximo dos meses

Según ha relatado Vila a este digital, se espera que el Constitucional resuelva si admite a trámite o no el recurso entre octubre y noviembre de 2022. Y, además, no descarta que poco a poco vayan llegando más recursos según vayan archivándose querellas. Pero también admite que muchos familiares “se han cansado” y han preferido abandonar el proceso.

Pero si el Constitucional no admite los recursos y los familiares así lo desean, él está dispuesto a acudir a Estrasburgo, aunque reconoce que “es muy complicado”.