La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias exige medidas contra los 'okupas'

En los últimos meses, como consecuencia de la Pandemia de la crisis económica que se está desarrollando, desde la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) se ha apreciado un incremento de la ocupación ilegal de viviendas. De ahí que la asociación muestre su preocupación de que, desde la Administración, no se adopten medidas para paliar “esta lacra, que va mucho más allá del derecho a la vivienda alegado por los okupas y que entra en franca colisión con el derecho a la propiedad de los titulares de los inmuebles ocupados”, ha declarado el Presidente de AMADEI, Miguel Ángel Gómez Huecas.

Desde AMADEI se apunta que la cuestión va más allá de ese derecho a la vivienda que, en cualquier caso, no debe satisfacer la propiedad privada a quienes carecen de él, sino en todo caso la Administración. Estas redes se dedican a facilitar la ocupación, a alquilar viviendas vacías a personas en situación de exclusión social y a extorsionar a los propietarios que, incluso, pueden ver en peligro su integridad física si intentan llevarles la contraria o reclamar. 

Desde la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias, prosigue Gómez Huecas, “nos vemos obligados a instar a la Administración madrileña a que adopte las medidas necesarias para combatir la okupación, tanto en defensa de nuestras empresas asociadas, que son actores de primer nivel en el sector inmobiliario y ven afectada negativamente su actividad por esta problemática, como también en defensa del derecho a la propiedad privada, reconocido en el art. 33 de la Constitución Española, así como para que el derecho constitucional al acceso a la vivienda se instrumente siempre de forma legal y sin perjuicio o colisión con otros derechos”.   

AMADEI considera que, desde los ayuntamientos madrileños y la Comunidad, deben adoptarse las medidas necesarias para paliar esta lacra. No debe permitirse que se empadronen en las viviendas ocupadas y no deberían acceder a subvenciones aprovechándose precisamente de tal empadronamiento. Debe establecerse un control de las viviendas ocupadas y limitar que sus moradores disfruten de derechos que derivan de su propia comisión de un delito, por muy leve o menor que, equivocadamente, se catalogue.

Por último, el Secretario General de la Asociación incide en lo “inquietante que nos parece la medida que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado últimamente, consistente en sacar a concurso un contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar así que sean okupados”. La capital invertirá 1,4 millones hasta 2022 para vigilar sus activos inmobiliarios.