Madrid

Ante la pregunta de un senador de Compromís

¿Cuánto cuesta mantener el Valle de los Caídos? Dos millones de euros al año

El Gobierno distingue los gastos de personal, corrientes de bienes y servicios, transferencias e inversiones. También descartó la exhumación de cuerpos por el mal estado de las sepulturas

Carlos Mulet, senador valenciano por Compromís, ha lamentado a El Confidencial Autonómico que “el Gobierno no ha respondido a parte de las 14 preguntas escritas sobre el Valle de los Caídos, muchas de ellas no han sido atendidas y ya se ha recurrido la falta de respuesta”, a la vez que reconoce que el Gobierno al menos ha admitido una cifra concreta de gasto anual por su mantenimiento, 1.836.325,33 euros.

Mulet echa en cara al Gobierno que la excusa del informe elaborado en su día por la Comisión de Expertos únicamente lo utiliza el Gobierno en “aquellas recomendaciones que ideológicamente le es cómodo”.

Entre las preguntas que el senador formuló y que el Gobierno no ha contestado, figuran el coste de las obras de reparación para detener el deterioro, en qué han consistido esas obras, en qué fecha se hicieron, y qué obras se han hecho en los últimos 20 años. 

Los gastos de 2016: 1,836,325,33 euros

“Al menos se ha logrado que el Gobierno aporte el dato de lo que ha costado en 2016 mantener el Valle de los Caídos, que se eleva a 1,836,325,33 euros”, ha expresado a este digital.

De esa cuantía total, el Gobierno ha desglosado los conceptos: por Personal, 1.045,000,00 euros; por Gastos corrientes de bienes y servicios, 327.722,78 euros; por Transferencias corrientes, 340.000,00 euros; y por Inversiones, 123.602,55 euros.

En respuesta a otras preguntas del senador de Compromís, el Gobierno invoca el informe del Comité de Expertos para justificar “obras que detengan el deterioro”.

Contestando a la reclamación, la exhumación y devolución a los familiares de los restos inhumados  - hay restos de 33.800 combatientes de la guerra civil, pertenecientes a ambos bandos -, el Gobierno expone “el mal estado de las sepulturas en el cementerio del Valle de los Caídos y las dificultades que, como consecuencia de esa situación, presumiblemente existen para la identificación de los restos”.

Actuaciones de Patrimonio Nacional

Así mismo, el Gobierno reconoce el derecho a la digna sepultura de las personas que pueden con alta probabilidad encontrarse en el Valle de los Caídos, pero – invocando el auto del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo del Escorial  del 30 de marzo de 2016 -, recuerda una serie de dificultades y limitaciones: “que sea viable el acceso a la planta tercera de la cripta donde pueden estar los restos, que esos restos se puedan trasladar garantizándose su integridad y que puedan identificarse los columbarios afectados y practicarse las pruebas de ADN”.

Del mismo modo, el Gobierno contesta al senador que Patrimonio Nacional ha solicitado informe a la Abogacía del Estado,  y que “dispone de dos informes que remitirá a las familias y que aconsejan – es lo que está analizando Patrimonio – recabar un informe del Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja para que se pronuncie sobre la viabilidad del acceso y, si es posible, sobre las obras necesarias para llegar”.

Búsqueda del máximo consenso político y social

En su contestación al senador, el Gobierno afirma que está “haciendo todo cuanto está en su mano para estudiar a fondo la localización, identificación y exhumación de los  restos y la posibilidad de la práctica de la prueba de ADN”, y recuerda que “cualquier iniciativa en este ámbito requiere los máximos consensos políticos y sociales y, por lo tanto, el Gobierno deberá buscar los más amplios acuerdos parlamentarios para la adopción de cualquier medida, y que sobre los restos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco  Franco se requerirá autorización de la Iglesia, pues la Basílica tiene la calificación legal como lugar de culto”.

Y, finalmente, el Gobierno recuerda que el Valle de los Caídos se rige por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y que en ese recinto no se podrán llevar a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”.

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