Madrid

UPyD reclama una auditoría ‘a fondo’ en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Han acudido al Tribunal de Cuentas y preparan una querella por “mala gestión” y “pagos irregulares”

Los números del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en Madrid, fueron puestos en cuestión a comienzos de 2013 por la Cámara de Cuentas regional. Los auditores advirtieron de varias irregularidades detectadas en el ejercicio de 2012: una tramitación de 43 millones de gastos sin un "procedimiento establecido", el "excesivo número" de cuentas bancarias y contrataciones con defectos de forma.

Según ha podido confirmar El Confidencial Autonómico, éstos y otros datos han llevado a UPyD a presentar una demanda ante el Tribunal de Cuentas –suya es la competencia, aunque el informe es de rango regional– para exigir una auditoría completa tanto del 2010 como de otros ejercicios en el consistorio complutense.

Tal y como explican fuentes del partido magenta, el informe que publicó la Cámara de Cuentas a comienzos de 2013 –disponible en este enlace– detectó en el ejercicio de 2010 varias irregularidades.

Entre otras, se descubrieron fallos en los procedimientos de contratación, trato de favor en la adjudicación de servicios de propaganda y publicidad y la existencia de “demasiadas cuentas bancarias”, abiertas a nombre del Ayuntamiento, y a las que tienen acceso personas sin autorización municipal.

Para Ramón Marcos, de UPyD, también hay “indicios suficientes” para que se pueda presentar una querella por lo penal. “Los servicios jurídicos están trabajando en ello”, explica a ECA, “y en una o dos semanas la presentaremos en los tribunales”.

Malas prácticas y fallos en la gestión

De acuerdo con las pruebas documentales que ha ido recabando UPyD tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea de Madrid, ha habido lo que califican de “malas prácticas”, y no sólo en 2010, cuando el alcalde era Bartolomé Gómez (PP). Hoy su puesto lo ocupa Javier Bello, del mismo partido.

Según UPyD, el consistorio alcalaíno ha percibido prestaciones “sin tramitar un expediente administrativo, ni formalizar un contrato”; es decir, prescindiendo del “procedimiento de contratación incurriendo en contratación verbal”. También acusan al actual equipo municipal de actuar de acuerdo con “intereses clientelares”.

El objetivo de la demanda que ya han presentado y de la querella en la que están trabajando es que quienes hicieron “mal uso del dinero público” tengan que devolver ese dinero “de su propio patrimonio”.

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