La Xunta de Galicia establecerá un ingreso mínimo para prevenir la pobreza y exclusión social
La Consejería de Política Social tratará de ayudar a las personas más desfavorecidas que han sido marcadas por la crisis sanitaria
La Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social y la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia han suscrito un convenio para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ambos establecen el ingreso mínimo vital crea y regula la prestación no contributiva de Seguridad Social del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que garanticen su derecho a la plena inclusión social y laboral.
España puede
El objetivo general del proyecto es mejorar los niveles de inclusión social de las familias con menores de 18 años perceptoras del IMV (Ingreso Mínimo Vital) y de la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) especialmente de aquellas en contextos urbanos desfavorecidos y en áreas rurales en exclusión territorial.
Apuesta por una atención intensa con las familias perceptoras del IMV (Ingreso Mínimo Vital)/RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) centrándose en respuestas integrales y personalizadas de forma que puedan contribuir a mejorar su inclusión social.
El proyecto se centrará en propiciar una oferta integral de apoyos personalizados y en consecuencia adaptados a las personas beneficiarias en tres dimensiones:
– Un paquete de apoyo social: que incluirá dimensiones como cuidado y salud, vivienda y suministro energético, competencias digitales, parentalidad y redes de espacios y cooperación;
– Un paquete de apoyo educativo: que se centrará en el apoyo para la continuidad y éxito educativo de los y las menores;
– Un paquete de inclusión activa: que se centrará en el apoyo a la formación, el acceso al empleo y en la conciliación.
Por ello, el piloto propone itinerarios integrales de inclusión adaptados a las necesidades específicas de cada persona y familia.
Objetivos a seguir
Se plantean cuatro objetivos específicos:
– Ofrecer a las unidades familiares de intervención apoyos y servicios adaptados que les permitan acceder a los servicios removiendo los obstáculos actuales, y promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos y la mejora de su inclusión social (activación inclusiva).
– Ofrecer a los/as menores de las unidades familiares apoyos específicos en el ámbito educativo que contribuyan a su continuidad en el sistema mejoren el éxito educativo y contribuyan a evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
– Ofrecer a los miembros de la unidad familiar que son población activa o podrían serlo apoyos que les permitan iniciar itinerarios hacia el empleo, mejorando sus competencias y apoyándoles en la búsqueda activa de empleo (inclusión activa).
– Evaluar los resultados del proyecto y eventualmente el impacto conseguido, aislado los efectos que son atribuibles a la intervención realizada y sacar lecciones y recomendaciones para las políticas de inclusión de las personas perceptoras de ingresos mínimos y en concreto IMV y RISGA.
Ámbito territorial
El proyecto se desarrollará en todas las provincias gallegas, trabajando con especial intensidad en las siete grandes ciudades, por ser donde se concentran la mayoría de las personas destinatarias del mismo.
El proyecto se desarrollará por lotes correspondientes a zonas geográficas organizadas en base a la distribución de la población perceptora de IMV o RISGA, con una previsión de un máximo de 10 proyectos en la totalidad del territorio, con un mínimo de 2 proyectos por provincia y un máximo de 4, en función de las estimaciones finales de personas atendidas por territorio. Al menos uno de los proyectos en cada provincia deberá incluir a familias residentes en áreas rurales consideradas de exclusión territorial.
