El Tribunal Supremo tumba la ordenanza de Lugo que excluía el español
Es el primer caso que la asociación ‘Hablamos Español’ gana en el Alto Tribunal
El Tribunal Supremo ha notificado al equipo jurídico de la asociación ‘Hablamos Español’ que ha desestimado el recurso interpuesto por el ayuntamiento de Lugo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que había anulado varios artículos de la Ordenanza del Uso del Gallego en la administración municipal de Lugo, según ha confirmado a El Confidencial Autonómico la presidenta de la asociación, Gloria Lago.
Este proceso judicial se inició en 2012, cuando ‘Galicia Bilingüe’ recurrió dicha ordenanza. Tras un litigio de 4 años, en 2016 la Sala de lo Contencioso del TSJG anuló total o parcialmente 12 artículos por ser contrarios a derecho.
Sin embargo, el ayuntamiento de Lugo recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, y ahora el Alto Tribunal ha dado la razón a la asociación que defiende la libertad de elección de lengua, y ha condenado al ayuntamiento a pagar las costas del juicio. ‘Galicia Bilingüe’ se integró recientemente en la asociación nacional ‘Hablamos Español’, también presidida por la viguesa Gloria Lago, de manera que este litigio pasó a ser de ‘Hablamos Español’.
La ordenanza cuestionada fue aprobada por unanimidad y “apoyada con entusiasmo por el gobierno de la Xunta de Galicia, presidida por el “popular” Alberto Núñez Feijóo, de tal modo que el conselleiro de Educación la puso como modelo de excelencia”, afirma Lago a ECA.
“Sienta jurisprudencia para toda España”
“Además de ganar este caso, nos alegra porque ha sentado jurisprudencia para Galicia y para el resto de España, donde en algunos lugares el español también está siendo excluido del ámbito oficial, ha afirmado la presidenta.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, no se puede declarar el gallego lengua oficial de un organismo público sin citar expresamente el castellano. Así mismo, no se puede prohibir el español en los plenos y reuniones en ‘Ruegos y Preguntas’. Además, la rotulación de dependencias y despachos municipales tiene que incluir el español.
Por otra parte, los funcionarios no estarán obligados a hablar siempre en gallego a los ciudadanos, y los cargos electos podrán usar el español en sus intervenciones públicas.
Así mismo, los rótulos y señalización de la red viaria municipal han de ser bilingües; el gabinete de Normalización Lingüística no podrá formar parte del equipo que decide a quién se contrata para trabajar en las dependencias municipales; las actividades deportivas, culturales, juveniles o de cualquier tipo no tendrán que ser obligatoriamente en gallego para recibir subvenciones del ayuntamiento; y no se puede prohibir el uso del español a contratistas y proveedores de los ayuntamientos, y no estarán obligados a usar el gallego para relacionarse con el ayuntamiento ni en la rotulación de sus bienes y servicios, ni con los usuarios.
