‘Extremadura Digna’ propone que los inmuebles de culto religiosos en Cáceres, incluido el centro budista, paguen el IBI

Considera que, al ser España un Estado aconfesional, no se pueden producir excepciones. Reclaman la reducción de la cuantía para personas que se encuentren en situación de pobreza y exclusión

Así será el centro budista en Cáceres.
Así será el centro budista en Cáceres.

Para Una Extremadura digna (UED) Cáceres consideran injusto y anacrónico el concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953 fue firmado en la Ciudad del Vaticano, el 27 de agosto de 1953, y con modificaciones en los años 1976 y 1979, pero aún en vigor, con el que llevan décadas y en el que se recoge que los inmuebles pertenecientes a estamentos o instituciones religiosas estén exentos de impuestos, tanto sean para uso de cultos o no carezcan de la obligación de pagar impuestos municipales como el IBI. 

"Impuesto que la gran mayoría de la ciudadanía si estamos obligados a pagar”, aseguran. 

Óscar Pérez, candidato a la alcaldía de Cáceres por Una Extremadura digna asegura que:" Todo aquel que tenga un inmueble en propiedad tiene el deber y la obligación de pagar impuestos municipales como el IBI sin excepciones ni privilegios para nadie, ya que si vivimos en una sociedad democrática, aconfesional e igualitaria en derechos y deberes, todos tenemos que tributar por igual en las mismas condiciones. En un estado aconfesional como es el que estamos viviendo no se puede producir esta clase de excepciones que se convierten en privilegios en perjuicio del resto de la ciudadanía”.

Por lo que consideran que para hacer efectivo el estado aconfesional en el que vivimos exigen la ruptura de estos acuerdos con el Vaticano sin excepciones, separando la Iglesia del Estado, separación que si existe en la gran mayoría de los países de la Unión Europea.

Por ello, desde UED Cáceres proponen que todos los inmuebles sean quién sea el propietario paguen el impuesto municipal del IBI incluyendo el próximo centro budista de Cáceres, al mismo tiempo la reducción de la cuantía para aquellas personas que estén en situación de pobreza, exclusión social y autónomos, pymes con una grave vulnerabilidad económica.

 

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