La mina de litio de Extremadura tramita su concesión de explotación
Se concederá a lo largo del primer trimestre del año que viene
Después de que se conociera la existencia de dos minas y la conveniencia de su explotación y concesión en un breve espacio de tiempo, la comunidad se ha manifestado en reiteradas ocasiones oponiéndose a esta situación.
Según ha podido saber El Confidencial Autonómico, en relación a las manifestaciones o posturas en contra, desde la Junta de Extremadura se respeta cualquier tipo de manifestación, aunque actualmente en la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad no se ha recibido ninguna solicitud de información o registro de quejas por parte de ninguna plataforma.
Por otro lado, conocemos que se han realizado varias protestas en contra de estás exploraciones, mientras que la Comisión Europea apuesta por el litio y España parece ser rico en este mineral.
Aseguran que las minas proporcionarán cientos de puestos de trabajo directos y abastecimiento hasta diez millones de vehículos eléctricos y proyectan que esté activa 30 años, de los que 19 serán de extracción.
Extremadura, una tierra rica en litio
En Extremadura existen, de momento, dos yacimientos que están listos para su explotación y un proyecto para instalar una planta de baterías, anunciada por el presidente de la región, Fernández Vara.
Se trata de un mineral clave para fabricar las baterías de los coches eléctricos, llamados a protagonizar la "transición verde" y digital hacia la que camina España. En la región, ya se exploran yacimientos de este preciado "mineral crítico", pero las opiniones sobre los futuros proyectos de extracción no contentan a todos.
Las dos minas se encuentran en la provincia de Cáceres, una en el término municipal de la capital y la otra en la localidad de Cañaveral. Pero parecen correr distinta suerte. Mientras la última está ligada al proyecto de la citada fábrica de baterías, que la empresa Phi4Tech prevé construir en Badajoz, y está encauzada, con la oposición de los grupos ecologistas.
La de la capital ha recibido el rechazo de la Junta de Extremadura, que sin embargo había aprobado los permisos iniciales para su desarrollo en 2016 después de convocar un concurso que se adjudicó la empresa Valoriza, filial del grupo Sacyr. Según ha conocido ECA, se encuentra recurrido por parte de la empresa promotora ante el TSJEx -Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La Junta de Extremadura está a la espera de esta resolución judicial.
La existencia de esas explotaciones han llegado a alterar la convivencia ciudadana, y más ahora que se conoce se está tramitando su concesión de explotación, y por tanto, no hay vuelta a atrás.
