El Gobierno de Extremadura estudia un cambio normativo para desalojar de viviendas oficiales a familias que utilicen los pisos como centros para la venta de droga

Lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, al asegurar que se está "valorando" la posibilidad de "reconducir" o "retirar" las adjudicaciones de las viviendas de titularidad pública situadas en barrios "conflictivos" a personas que "no estén capacitadas para convivir con el resto de los vecinos".

De esta forma se ha mostrado partidario de estudiar la medida solicitada por la Confederación Española de Policía (CEP) en Extremadura, que ha animado a las autoridades a que se plantee la posibilidad de reformar la normativa legal que regula el uso de las viviendas de titularidad pública para poder proceder al desahucio de aquellos moradores que las usan para cometer hechos delictivos, como el tráfico de drogas.

"Si estas personas no están capacitadas para convivir con el resto de los vecinos" o "no quieren convivir", "habrá que ver qué ocurre ahí" y "ver esa adjudicación si se puede retirar", ha insistido, a la vez que ha apostillado que estas "medidas" se realizarían en cooperación con el Gobierno de Extremadura.

En cuanto a las consideraciones que aparecen en los medios sobre qué barrios son realmente conflictivos o no, Del Molino ha matizado sobre la barriada cacereña de Aldea Moret que "parece que aquello es un barrio sin ley" cuando "es un barrio normalizadísimo" con "un punto muy determinado" donde "hay una serie de conflictos".

Ha agregado que "a lo mejor también ocurre eso en Suerte de Saavedra" que, según ha estimado, "es un barrio de gente trabajadora" donde "unos pocos están alterando la vida de los demás".