Extremadura evalúa posibles fraudes en el uso de 15.000 pisos sociales. Quieren desalojar a inquilinos problemáticos o con antecedentes antes de que entre en vigor su Decreto de vivienda
El Gobierno extremeño ha encomendado a una empresa pública que revise la situación de todos los pisos del parque inmobiliario público en la región. Desde la consejería de Fomento explican que hay "dudas" y "falta de control" sobre el uso que están teniendo algunas de esas viviendas sociales, en las que se han detectado irregularidades. Quieren que el proceso esté en marcha antes de que se apruebe el Decreto que autoriza cambios en la adjudicación de viviendas de promoción pública.
“Ahora mismo hay procesos de desahucio para desalojar de pisos sociales a traficantes de drogas y personas con antecedentes penales”. La Junta de Extremadura quiere acabar con los casos de irregularidades y fraudes entre los beneficiarios de su parque de viviendas públicas, que ronda los 15.000 pisos.
Según confirman desde la consejería de Fomento a El Confidencial Autonómico, el órgano encargado de determinar “el uso que se está dando a las viviendas sociales” será la empresa pública Gisvesa, que contará para esta tarea con un presupuesto de 130.000 euros.
Esta estrategia se ha puesto en marcha esta misma semana, ya que está a punto de aprobarse el Decreto que permitirá la entrega de viviendas públicas a personas que hayan sido sometidas a un desahucio judicial hipotecario.
Desde la Junta extremeña quieren determinar “cuanto antes” cuántas de sus viviendas están siendo usadas “de forma correcta” y con cuántas podrán contar si finalmente algunas son desalojadas por fraude.
“El parque público ronda las 15.000 viviendas, pero es un número que fluctúa”, explican fuentes consultadas. “Hay algunas que acaban siendo compradas por los inquilinos después de 5 años, que es lo que permite la Ley, y otras que son devueltas”, comentan.
El objetivo final de esta operación de ‘auditoría inmobiliaria’ es facilitar la adjudicación directa de viviendas sociales a familias desahuciadas por decisiones judiciales. Según indican, la revisión general de todo el patrimonio inmobiliario ha tenido que acordarse ante la “falta de control” que ha habido en otros períodos.
Podrán acogerse aquellas que hayan incurrido en impago de cuotas hipotecarias desde el 1 de enero del pasado año. El contrato será de tres años, prorrogable, y no exigirá la condición de residente en esa localidad en los tres años previos.
