Las residencias exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa 1.000 millones de euros anuales
La patronal CEAPs, que representa a 1.800 empresas y 90.000 trabajadores, denuncia el “limbo de la Dependencia”
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) ve positivo que haya aún “espacio para el diálogo, después de que el Gobierno haya decidido posponer la votación del nuevo ‘Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)’ y seguir estudiándolo”.
La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, destaca que “la decisión del Gobierno de posponer la aprobación del acuerdo de acreditación de los centros supone una esperanza para el sector y abre una oportunidad para mejorar la financiación del Estado a las comunidades autónomas”.
CEAPS es la entidad de ámbito estatal más representativa del sector de residencias y atención a dependientes. Representa a más de 1.800 empresas, en su mayoría pymes, que emplean a más de 90.000 trabajadores, y que gestiona más de 180.000 plazas y servicios.
1.000 millones anuales del Estado
La posibilidad de un nuevo documento permite estudiar un plan económico que solucione la infrafinanciación que sufre históricamente el sistema y las comunidades autónomas a 5 ó 10 años.
“El Estado debería poner 1.000 millones de euros anuales para hacer una buena planificación y despliegue de la Ley de Dependencia para todos los servicios del SAAD (centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia), ha afirmado la presidenta a El Confidencial Autonómico.
Además, “se lograría acabar con el limbo de la Dependencia, y la eliminación de la lista de espera que actualmente está en una media de 438 días para la tramitación del expediente”.
Residencias viables y con calidad
Para Cinta Pascual, “se abre de nuevo, una oportunidad para trabajar el número de plazas que deben tener las unidades de convivencia, para hacerlas viables y con la calidad de vida que desean las personas mayores. También el de plazas de los centros, con criterios objetivos y técnicos (no por población o por ubicación en suelo rural o urbano), sino por necesidad y viabilidad”.
Desde CEAPS consideran, además, que “es básico que se retire el carácter retroactivo, ya que la nueva norma debería tener efecto en el momento de la aprobación para los nuevos proyectos”.
“Defendemos el derecho a que las personas mayores, elijan dónde desean vivir, y qué servicios desean recibir, con una apuesta sólida por la calidad de todos los servicios y una mejora en las condiciones laborales de los profesionales del sector”.
La residencia no es un hospital
La presidenta de la patronal de residencias es una voz muy cualificada ante el Gobierno. En junio de 2020 compareció en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad programada dentro de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica´, y ya destacó que las residencias son “un servicio social y la comisión en la que he participado es de sanidad”, cuando ya habían fallecido 20.000 personas en residencias de personas mayores en España.
Siempre ha sido consciente de que es un “sector que representa a 380.000 mayores”, destacando que “una residencia no es un hospital, es un hogar con personas que hay que cuidarlas y mimarlas porque la vulnerabilidad es muy grande”.
Demagogia sobre las residencias
Sobre las residencias, Cinta Pascual ha criticado “los discursos demagogos en foros televisiones o en el Congreso de los Diputados que no es lo adecuado para afrontar un futuro a 30 años en que va a haber el doble de personas mayores, y eso afecta a residencias, servicios y atención domiciliaria”.
Acerca de que las residencias de mayores dependen de grandes grupos empresariales, la presidenta ha aclarado que ella misma, que es una empresaria, que ha construido un grupo de residencias, empezó “hace más de 25 años con una pequeñita de 25 plazas: el 67,3% de las empresas del sector son pymes, pequeñas y medianas empresas, y el 15,6% son grandes grupos”.
