Estado Autonómico

Las restricciones de las autonomías forman parte de un plan de Pablo Casado para desgastar a Illa

Los movimientos de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia buscan forzar al titular de Sanidad a tomar las medidas más drásticas para que asuma el coste político

El PP se plantea ahora apoyar un nuevo estado de alarma que facilite a las comunidades el confinamiento domiciliario para hacer frente a la mala evolución de la pandemia. Pero detrás de este cambio de criterio significativo se esconde una operación de Pablo Casado para desgastar al “ministro candidato Illa”… más que a Pedro Sánchez.

Después de haber votado contra las últimas prórrogas antes del verano, y de abstenerse en el que se encuentra ahora en vigor, en Génova han abierto la puerta a respaldar esta medida para atender la necesidad de las autonomías.

Tres comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos (Castilla y León, Andalucía y Murcia) ya han instado al Gobierno a que actúe y les facilite este mecanismo, que no entra dentro de las previsiones recogidas en el actual marco jurídico.

Alberto Núñez Feijóo también ha salido en defensa de sus homólogos regionales y ha calificado como “razonable” la petición de restricciones más severas. Incluso, ha superado la propuesta y ha defendido el toque de queda a las 18:00, como en Francia.

Desgastar al “ministro candidato Illa”

Desde Moncloa han interpretado que la presión de estas autonomías responde a una maniobra política del PP, que estaría tratando de forzar a Pedro Sánchez a comparecer ante el Congreso para la aprobación de un nuevo decreto del estado de alarma.

Sin embargo, en Génova explican a Confidencial Digital que la estrategia es otra. Se han propuesto aprovechar que, en su condición de ministro, puesto que ha dicho que no abandonará hasta que se inicie la campaña para las elecciones catalanas, la prolongación de este escenario hasta el 30 de mayo rebajará el llamado “efecto Illa”.

Por si fuera poco, los movimientos de Castilla y León, Andalucía, Galicia y Murcia buscan forzar al titular de Sanidad a tomar las medidas más drásticas para que asuma el coste político y cargue con el posible desgaste que se derive de una mayor complicación de las cifras de contagios y de víctimas en los próximos meses.

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