Estado Autonómico

El PP denuncia que el Gobierno no vea “urgente” pagar a las comunidades autónomas

Hacienda retrasó el pago de 4.736 millones de euros al no ser competencia de un Ejecutivo en funciones

María Jesús Montero, ministra de Hacienda
photo_cameraMaría Jesús Montero, ministra de Hacienda

El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno no vea “urgente” pagar los más de cuatro mil millones de euros adeudados a las comunidades autónomas. Según publicó Confidencial Digital, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomó la decisión de “retrasar” el pago de esta cantidad, que asciende a un total de 4.736 millones de euros. 

Ante esta decisión, los portavoces adjuntos de Economía, Mario Garcés, y Constitucional, Carlos Rojas recordaron al Gobierno el Artículo 21 de la Ley 50/1997, según el cual el Gobierno en funciones “limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

El PP ha calificado de “maniobra” política del Gobierno este retraso del pago a las autonomías, ya que “no existen argumentos solventes en el plano jurídico que justifiquen el impago” de los adelantos financieros. aunque el Ejecutivo ha negado que la decisión tuviera connotaciones políticas.

Además, según PP, la falta de libramiento de los fondos constituiría una “anomalía inaceptable del sistema” que “impide que las Comunidades Autónomas cuenten con los recursos que les corresponden para financiar servicios tan esenciales para el conjunto de los españoles como la sanidad o la educación”.

Fuentes cercanas a Moncloa señalan en cambio a este confidencial que existe una razón oculta para que María Jesús Montero esté retrasando lo máximo posible el pago a las autonomías: la transferencia de los 4.736 millones pendientes supondría el incumplimiento del déficit impuesto por la UE y conduciría a un enfrentamiento con Bruselas

Sin embargo el PP ha pedido al Ejecutivo “con urgencia” todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado desde las elecciones generales del 28-A.

 
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