Estado Autonómico

Policías y guardias civiles insisten en que son la “asignatura pendiente” de la democracia española

Consideran necesario una revisión del modelo policial, sobre todo tras revelar la falta de colaboración entre Mossos d’Esquadra y otros cuerpos en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña

Agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Sitges.
photo_cameraAgentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Sitges.

Tal y como ha podido saber El Confidencial Autonómico, para AUGC, sindicato de la Guardia Civil, esta situación pone “una vez más en evidencia” el grave problema que existe en España en relación al modelo policial actual “que propicia una descoordinación” entre cuerpos que pone en grave riesgo la seguridad pública en España.

Y es que AUGC lleva años denunciando esta falta de comunicación y coordinación no sólo entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino con las policías autonómicas y locales. La duplicidad de funciones, el recelo por las competencias de cada policía y el afán de colgarse medallas por el trabajo de cada cuerpo son consecuencias de este modelo disperso, dirigido más a satisfacer a altos mandos y sensibilidades políticas de toda índole que a procurar una seguridad pública efectiva a los ciudadanos.

Por todo ello, policías y guardias civiles consideran que la revisión del modelo policial español es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia española. Urge, de entrada, mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para que no se repitan episodios como el Cataluña u otros que se produjeron en la lucha contra ETA, cuando se desarrollaron operaciones paralelas y discusiones para ver quién actuaba primero. 

Cuentan, además, que a todo esto cabe añadir el despilfarro presupuestario que supone la citada duplicidad de funciones, un coste que corre a cargo del ciudadano que además debe sufrir una merma en su seguridad causa de este erróneo modelo policial.

Desde AUGC instan, por lo tanto, a una reflexión profunda conjunta entre políticos y representantes de los trabajadores de la seguridad pública para abordar con rigor y firmeza esta cuestión, en la que el único interés que debe primar es el de garantizar a los ciudadanos la calidad de un servicio fundamental en una democracia, dejando por tanto a un lado los intereses partidistas de cada uno.

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