Okupas que quieran permanecer en las viviendas que han asaltado deberían pagar 200 euros al mes

1. Okupas vulnerables en 18.000 pisos
2. Un alquiler de 200 euros al mes
3. Visitas de inspectores a las viviendas
4. Identificar el grado de necesidad
5. Más garantías a los okupas

La Sareb se ha propuesto identificar cuántas de las50.000 viviendas que Pedro Sánchez ha prometido poner en alquiler “asequible” se encuentran ocupadas. Y ha puesto en marcha una operación para arrendar a bajo precio a los inquilinos que hayan incluso asaltado sus pisos, pero se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es el propietario más afectado de España por la ocupación de propiedades. Una buena parte de las 60.000 viviendas acabadas o a medio hacer que continúan en sus manos tras ser heredadas de entidades financieras cuentan con inquilinos ilegales.

Hay que recordar que Pedro Sánchez ha ordenado a la Sareb que movilice hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.

Es decir, que, en vez de intentar venderlas al mejor postor, deberán ser cedidas a comunidades autónomas y ayuntamientos o asegurar que se destinan a personas vulnerables, incluidos okupas que han asaltado las viviendas.

Okupas vulnerables en 18.000 pisos

Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes internas de la Sareb, el organismo busca regularizar situaciones ocupacionales no consentidas, el reconocimiento de títulos de posesión válidos, e identificar las situaciones ocupacionales.

Para dar también utilidad social a sus viviendas, la Sareb necesita conocer en qué situación se encuentra su parque inmobiliario, y para ello ha puesto en marcha una operación para recuperar la posesión de las viviendas ocupadas y detectar en ellas a los moradores que puedan estar sufriendo situaciones de necesidad, maltrato o cualquier circunstancia que les haga “vulnerables”.

Fuentes próximas a la Sareb prevén que se identificarán situaciones de vulnerabilidad en alrededor de 18.000 viviendas ocupadas, y en otras 25.000 se espera no encontrar a nadie dentro o no lograr saber quiénes son los que dan muestras de estar aprovechándose de manera ilegal del inmueble.

Un alquiler de 200 euros al mes

Una vez finalizado el proceso de identificación, fuentes conocedoras del plan explican a ECD que la Sareb planteará a los okupas vulnerables regularizar su situación mediante un alquiler social, de unos 200 euros al mes, que no superará en ningún caso el 30% del importe de sus ingresos. 

También contempla reparar la vivienda si es necesario, dotarla de electrodomésticos básicos y firmar el contrato de alquiler, revisable en función de una posible variación de los ingresos de los beneficiarios, a los que se compromete también a gestionar petición de ayudas sociales.

De hecho, el proceso pasa por convencer a los okupas para que soliciten el Ingreso Mínimo Vital si tienen derecho a él, y con ello paguen los 200 euros al mes de alquiler.

Por si fuera poco, los okupas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pero que se encuentren en propiedades (chalés, urbanizaciones de lujo, complejos turísticos) cuya venta pueda reportar altos ingresos con los que rebajar la deuda bancaria que fue avalada por el Estado serán reubicados en el mismo municipio o en sus proximidades en otras viviendas, también con alquiler social.

Visitas de inspectores a las viviendas

Según las fuentes consultadas, los inspectores realizarán varias visitas a las casas para determinar si han sido asaltadas y sin posibilidad de pagos para liberarlas. En estos casos, aseguran que resultará fácil discernir que están siendo usadas sin permiso, pero asumen que no será tan sencillo siempre detectar si una vivienda ha sido asaltada. 

Para ello, los técnicos han recibido la orden de realizar las visitas físicas al inmueble que sean necesarias para conocer, sin lugar a duda, el estado ocupacional, estableciendo un mínimo de tres visitas en diferentes días y horas, laborables o no, y para saber si existen casos de vulnerabilidad entre los moradores. 

Si existen dudas de que una vivienda pueda acoger a alguien, el plan establece que se deberán realizar como mínimo cuatro inspecciones antes de resolver que ha sido asaltada, pero no se puede identificar a quienes lo han hecho.

Identificar el grado de necesidad

En los casos en los que se concluya que los okupas pueden estar sufriendo situaciones de vulnerabilidad, los técnicos de la Sareb tendrán que identificar los indicios de necesidad, acreditar la situación de todos los moradores, su edad, posible parentesco entre ellos y situación económica. 

Deberán también mediar con los okupas para que abandonen la propiedad “sin compensación dineraria”, así como también lograr en su caso que firmen un acta de entrega voluntaria de la vivienda. 

Los inmuebles vacíos deberán asimismo ser visitados varias veces para asegurar que nadie habita en ellos antes de cambiar su cerradura y blindarlos.

Más garantías a los okupas

Esta estrategia de la Sareb coincide con el pacto de Pedro Sánchez con Podemos y ERC para dar más garantías a los okupas. Una enmienda en la Ley de Vivienda, que se aprobará este jueves en el Congreso, dificultará a los dueños los trámites para desalojar sus pisos ocupados

A partir de ahora, el dueño deberá “certificar” si los ocupantes emplean el inmueble como vivienda habitual. Los grandes tenedores deberán incluso acreditar la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas vulnerables; un examen que correrá a cargo de los servicios públicos y que exigirá la autorización previa del propio ocupante.

Además, éste tendrá derecho a saber la fecha y hora del desahucio, con lo que la organización de protestas para impedirlo será más fácil.

La regulación no distingue entre okupas que han vulnerado la propiedad e inquilinos con problemas, de cuyo auxilio el Gobierno responsabiliza al propietario, cuando es el Estado quien debe ofrecerles una salida. Al mismo tiempo, policías y jueces continúan careciendo de las herramientas necesarias para combatir la patada en la puerta.