Estado Autonómico

La OCU exige a seis ciudades españoles que coloquen un contenedor para ropa en sus calles

Badajoz, Las Palmas, Oviedo, Pontevedra, Santander y Segovia carecen de uno

Un hombre colocando ropa en un armario.
photo_camera Un hombre colocando ropa en un armario.

“Un lastre más al consumo sostenible. Hasta seis capitales carecen de contenedores de ropa”, así ha calificado la Organización de Consumidores y Usuarios la “mala gestión” de seis ciudades españolas que carecen de estos depósitos en la vía pública.

Badajoz, Las Palmas, Oviedo, Pontevedra, Santander y Segovia no tienen un contenedor de ropa en sus calles.

Según el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, solo un 10% de las prendas textiles son gestionadas para su reutilización y reciclaje; el resto acaba en vertederos.

OCU, en el marco de su campaña Cámbiate al verde, exige que se promueva la recogida de ropa usada, idealmente a través de empresas con un fin social, y que se retiren los “contenedores piratas” de la vía pública.

El objetivo era del 49%

Según la Organización de Consumidores y Usuarios, se estima que casi la mitad de la ropa usada que recogen las entidades sociales se reutiliza, ya sea donándola a personas sin recursos, vendiéndola en tiendas de segunda mano o exportándola para su reutilización en terceros países.

Otra parte se recicla en trapos o materiales aislantes y el resto se aprovecha como fuente de energía. Sin embargo, según el Plan Marco de Gestión de Residuos, apenas se recoge el 10%; cuando el objetivo para este año era del 49%.

Aunque los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes disponen de puntos limpios con espacios para la recogida de ropa y el calzado, los contenedores autorizados en la vía pública brillan por su ausencia: apenas hay uno por cada 4.000.

Según la OCU, lo recomendable es “al menos uno por cada 1.000 habitantes”. Es decir, cuatro veces más de los que hay.

‘Contenedores piratas’

La OCU también pide que se retiren los ‘contenedores piratas’ de la vía pública. Critican que estos depósitos “se aprovechan de la solidaridad de la gente”.

La Organización de Consumidores y Usuarios sostiene que “se trata de un negocio ilegal que mueve millones de euros al año y que perjudica a las empresas autorizadas, al tiempo que supone un fraude a las expectativas de los ciudadanos, que piensan que su ropa va a servir para ayudar a personas con escasos recursos”.

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