El Gobierno retira la propuesta de cobrar peajes también en las carreteras nacionales tras las declaraciones del director de la DGT

Lo planteó en un documento a la UE y lo ha suprimido por el revuelo con el pago en las autovías en plena campaña y tras ‘descubrir’ que no se aplica en ningún país europeo

Lo planteó en un documento a la UE y lo ha suprimido por el revuelo con el pago en las autovías en plena campaña y tras ‘descubrir’ que no se aplica en ningún país europeo.
Lo planteó en un documento a la UE y lo ha suprimido por el revuelo con el pago en las autovías en plena campaña y tras ‘descubrir’ que no se aplica en ningún país europeo.
  1. Lograr una mejor aceptación
  2. Para todos los usuarios
  3. Revuelo con los peajes en autovías
  4. No se aplica en ningún país de la UE
  5. Trata ahora de excluir los peajes
  6. Principio de “quien contamina, paga”
Autopista de peaje.
Autopista de peaje.

Las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, han vuelto a poner sobre la palestra el pago por el uso de las carreteras. La realidad es que el Gobierno lleva meses estudiando la implantación de peajes en las autovías, y hasta se propuso extender ese cobro a todas las carreteras de gran capacidad, incluso las nacionales. Una propuesta que ahora ha retirado.

Así constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas hace unos meses, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes comunitarias conocedoras del documento.

El plan del Ejecutivo, que suponía una revolución inédita en España, contemplaba, primero, ensayar el peaje en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales, para luego escalar ese modelo de pago a los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal, y abrir un proceso de negociación con las comunidades autónomas para su implantación en las vías de alta capacidad que estén bajo su titularidad.

Lograr una mejor aceptación

Se llegó a justificar, en ese documento ante Bruselas, que, para una mejor aceptación del peaje, se pretendía que la implantación del pago por uso pudiera ser escalable y progresiva (por ejemplo, tarificando inicialmente únicamente la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes de forma progresiva) […].

También se anticipó a las autoridades europeas que se abordaría el tema con las comunidades autónomas y otras Administraciones, “para determinar su voluntad de incorporar las redes de carreteras de su titularidad”.

Para todos los usuarios

Según las fuentes consultadas por ECD, el plan preveía asimismo que el pago afectase a todos los usuarios, tanto conductores particulares como transportistas, y a nacionales y extranjeros.

Consciente de que la medida sería muy impopular, el Gobierno contemplaba llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” entre los transportistas y en la población en cuanto a la necesidad de ejecutar el pago.

Por ello, defendía que se determinarían tarifas “asumibles, pero que garantizasen la financiación”. Hasta el momento, esas tarifas nunca se han concretado desde el Ejecutivo, que siempre habló de precios simbólicos, y las únicas referencias son de las distintas asociaciones del sector.

Además, sugería implantar “reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos”.

 

Para los transportistas, el Ejecutivo se comprometía a buscar fórmulas normativas que asegurasen que el coste fuera asumido por el contratista de la carga y no por el camionero, aunque sin especificar cuál sería ese mecanismo.

Revuelo con los peajes en autovías

Ahora, fuentes del Gobierno admiten a ECD que el revuelo generado con la posibilidad de implantar peajes únicamente en las autovías a partir de 2024, que ha estallado en plena campaña electoral, ha llevado al Ministerio de Transportes a rectificar ante Bruselas, y a retirar su propuesta inicial de cobrar peajes también en las carreteras nacionales

“Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas”, declaró la semana pasada el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una entrevista en TV3.

Sin embargo, el Gobierno enseguida salió en tromba a desmentirlo, a poco más de una semana de las elecciones generales. El director general de la DGT no tiene ni competencia en la materia ni sabe de qué está hablando, insistía un ministro tras otro, en radios y televisiones.

No se aplica en ningún país de la UE

Por si fuera poco, el Gobierno ha constatado que ningún país cobra por el uso de las carreteras de un solo carril.

Tras las directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino para todos, incluidos los ligeros.

Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso en las autopistas, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas.

Trata ahora de excluir los peajes

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el Ejecutivo trata ahora de excluir los peajes de las reformas pactadas con la UE.

En un nuevo documento, el Ministerio de Transportes se ha planteado realizar simplemente un estudio sobre cuál sería el mejor modelo para financiar el coste de mantenimiento de las carreteras españolas, según explican diversas fuentes conocedoras de la materia.

En consecuencia, dejaría sin acometer esa reforma comprometida con Bruselas. Pero las mismas fuentes del Gobierno también reconocen que será muy difícil que Europa acepte esta fórmula. Para la Comisión, admiten, es una prioridad que España aumente la imposición medioambiental.

Principio de “quien contamina, paga”

Los peajes se incluyen en el documento que firmó el Gobierno español con Bruselas a cambio de los 70.000 millones en fondos europeos concedidos por la pandemia.

“La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”, recoge el texto donde se listan los hitos y objetivos que hay que cumplir. Esta es una de las reformas comprometidas para obtener los 7.000 millones de euros del quinto pago.

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