Estado Autonómico

El Gobierno pondrá en marcha “ERTEs de guerra” para evitar la quiebra de empresas por la crisis de Ucrania

Reducciones de jornada en vez de despidos temporales para afrontar la subida del precio de la energía y la falta de suministros que están obligando a cierres y paros de actividad

Nadia Calviño y Yolanda Díaz.
photo_camera Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

El Gobierno ultima un paquete de medidas urgentes para mitigar elimpacto económico del conflicto bélico desatado en Ucrania por la invasión de Rusia. El Ministerio de Trabajo está listo para activar los denominados “ERTEs de guerra” solo dos años después de poner en marcha los expedientes de suspensión de empleo temporal por la pandemia.

Pedro Sánchez ya ha advertido que las empresas se van a ver forzadas a pagar un alto precio, como consecuencia del conflicto, y que se pondrán a su disposición medidas excepcionales para dar cobertura a aquellas compañías que necesiten suspender contratos de trabajo o reducir jornada.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también reconocía hace unos días que el impacto de la guerra será significativo en la economía y en el empleo. 

Parones de actividad y cierre de fábricas

El frenazo en el crecimiento parece ya un hecho para las autoridades económicas y la falta de materias primas y su encarecimiento está sembrando de parones de actividad y de cierres el mercado de trabajo en un momento en el que las empresas luchan por recuperarse tras dos años de pandemia. 

La invasión rusa de Ucrania ha disparado aún más los elevados costes energéticos que padece desde hace varios meses la industria en España, lo que está obligando a un número creciente de compañías a adoptar decisiones drásticas para evitar pérdidas.

El objetivo es evitar la quiebra de empresas

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes con acceso a La Moncloa, la situación ha sido analizada ya con “máxima inquietud” por los equipos de los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Seguridad Social.

Reconocen que la crisis por el incremento desorbitado de los costes energéticos y la falta de suministros ha movilizado al Gobierno para buscar de urgencia fórmulas de apoyo a las empresas, entre ellas los ERTE estructurales que incluyó la reforma laboral, para que puedan acogerse a esta protección para el empleo los sectores más afectados por la escalada de los precios.

El aumento de la incertidumbre por el conflicto en Ucrania también está paralizando proyectos, inversiones y pedidos en toda España.

El Gobierno activará los “ERTEs de guerra”

Por todo ello, las fuentes del Ejecutivo consultadas por ECD explican que Moncloa se prepara ya para activar lo que se ha venido a denominar en los ministerios económicos como “ERTEs de guerra”. El Gobierno autorizará su aplicación en un Consejo de Ministros en los próximos días.

Se basarán fundamentalmente en reducciones de jornada en vez de suspensiones temporales de empleo, como ocurrió con los ERTE por el Covid. Permitirán afrontar ahora con máxima celeridad la subida de costes energéticos y la falta de suministros que están obligando a cierres y a paros de actividad en numerosas industrias de todo el país.

Hay que recordar que la reforma laboral aprobó un nuevo diseño administrativo para los expedientes de regulación de empleo tras su utilización masiva durante la pandemia. 

Con este nuevo esquema las empresas ven ampliadas las posibilidades de suscribir esta herramienta pero se prioriza la reducción de la jornada sobre la suspensión de empleo y, en teoría, esta última sobre el despido, en casos de crisis económicas o amenaza para la propia compañía como la provocada ahora por la guerra de Ucrania.

Priorizar las reducciones de jornada

Fuentes conocedoras del nuevo mecanismo de salvamento de empresas que prepara el Ejecutivo explican a ECD que se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.

En la práctica, estos ERTEs suponen una reducción de la jornada de trabajo diaria o bien del número de días trabajados a la semana. Durante el ERTE de reducción de jornada, la empresa sigue pagando al empleado por las horas que trabaja y el resto se lo abona el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

El ERTE de reducción de jornada se gestiona de la misma forma que el de suspensión temporal de empleo: lo debe aprobar la Autoridad Laboral competente de la comunidad autónoma y, si la empresa se ubica en varios territorios, hay que presentar el ERTE al Ministerio de Trabajo.

En esta línea, y como se ha hecho con los ERTE por el Covid, se permitirá que las empresas puedan sacar o incluir a los trabajadores del ajuste según las necesidades.

Se mantendrá la prohibición de que los trabajadores en ERTE hagan horas extraordinarias, externalicen actividades o hagan nuevas contrataciones, a no ser que no haya nadie en la compañía para realizar las tareas externalizadas o las de nueva contratación.

Las exoneraciones empresariales serán del 20%, y estarán condicionadas a la realización de acciones formativas. Las ayudas estarán vinculadas, como durante la pandemia, al mantenimiento del empleo durante los seis meses posteriores al ajuste.

A punto de terminar los ERTE Covid

Hay que tener en cuenta que las bonificaciones especiales aprobadas para las empresas que vieran afectada su actividad por las restricciones impuestas para frenar el Covid concluyen el próximo 31 de marzo y aún afectan a más de 100.000 trabajadores en España. En abril de 2020 llegó a haber 3,5 millones de trabajadores en ERTE.

Los ERTE ya existían antes de la pandemia, pero desde el 18 de marzo de 2020, tres días después de decretarse el estado de alarma, entró en vigor un tipo específico, con condiciones especiales, para las empresas afectadas por la larga lista de actividades que quedaron paralizadas o afectadas por la crisis sanitaria. 

En ese primer decreto de los ERTE por Covid, el Ejecutivo los justificaba en la necesidad de dar “prioridad absoluta” en materia económica para “proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad”.

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