Estado Autonómico

El Gobierno ‘empuja’ a las autonomías a desbloquear 160.000 plazas de funcionarios para vender la medida antes de las elecciones

Los presidentes regionales han visto en la convocatoria anunciada por el Ejecutivo una oportunidad de rentabilizarlo electoralmente en sus territorios

Funcionarios en una oficina de la administración.
photo_camera Funcionarios en una oficina de la administración.

El Gobierno acaba de aprobar “la mayor oferta de empleo público de la historia en la Administración central” española, como se la ha llamado. Los presidentes autonómicos no han pasado por alto el “movimiento electoral” de Pedro Sánchez y van a desbloquear 160.000 plazas de funcionarios para poder vender la medida antes de las autonómicas.

Moncloa es consciente de la importancia de este colectivo para ganar votos de cara a las tres próximas citas electorales: en Andalucía, municipales y autonómicas, y generales. Tiene en cuenta que entre los empleados públicos hay una importante masa de votantes: casi tres de millones de españoles con derecho a sufragio.

El “movimiento electoral” de Sánchez

Desde varios Ejecutivos regionales admiten a Confidencial Digital que las 44.787 plazas para funcionarios en 2022, recién anunciadas por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, implican que Sánchez “echará el resto este año, a las puertas de las elecciones generales, para rentabilizar electoralmente la generosa política de personal que caracteriza a su Gobierno desde 2018”.

De hecho, recuerdan que el total de plazas ofertadas por el Ejecutivo socialista ronda las 155.000 en cinco añosmás del doble (un 141% de incremento) con respecto a las 63.970 que acumuló el ex presidente Mariano Rajoy en seis ejercicios de mandato del PP.

Más de 160.000 plazas de funcionarios

Así las cosas, según ha podido confirmar ECD por fuentes de varios Gobiernos autonómicos, las comunidades se han sentido espoleadas por el anuncio de Hacienda y van a imitar esa maniobra, desbloqueando en las próximas semanas más de 160.000 plazas para funcionarios en sus territorios.

La decisión coincide, como decimos, con el acuerdo del Gobierno central y los sindicatos para convocar otras 45.000 plazas en la Administración General del Estado a partir de este año. 

En los equipos de varios líderes regionales admiten que han tenido en cuenta que el proceso llega a un año de las próximas elecciones autonómicas, donde todos los presidentes se juegan su reelección.

Vender la medida antes de las autonómicas

Por ello, han decidido incluir, entre sus principales bazas electorales de cara a los comicios de mayo de 2023, la convocatoria de una “histórica oferta de empleo público como la de Pedro Sánchez”. 

Sin embargo, algunos de ellos reconocen en privado que todo quedará en el anuncio de esa cifra elevada de plazas: no se podrán cubrir hasta 2024, pese a que la convocatoria se lanzará antes de finales de este año.

La oferta de empleo público “más potente”

Las fuentes de varios gobiernos autonómicos, consultadas por Confidencial Digital, destacan que se va tratar del proceso “más potente” de estabilización aprobado nunca por las comunidades, con el que se pretende reducir la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8%. 

Defienden también que las autonomías están en la obligación de convocar plazas antes del 1 de junio para ajustarse a la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Una baza electoral en la ‘España vaciada’

Además, desde algunos territorios reconocen a ECD la importancia que ejerce la función pública a la hora de ofrecer una salida laboral a sus habitantes, como ocurre especialmente en la llamada ‘España vaciada’.

Así, por ejemplo, en Castilla y León dos de cada diez personas trabajan en la Administración pública incluyendo en este cómputo, además de los puestos del Gobierno y los organismos autonómicos, los que corresponden al Estado, los municipios y las diputaciones.

No obstante, el avance del empleo público se trata de un fenómeno generalizado en el conjunto de España, al que las autonomías contribuyen con especial intensidad, según los datos de la Seguridad Social. Les corresponde el 44,5% del total de las nuevas afiliaciones que se han registrado en los últimos dos años.

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