Estado Autonómico

El Gobierno alcanza en julio ocho acuerdos con las Comunidades Autónomas

Entre ellos, el de la ley de salud gallega que obligaba a vacunarse

El Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, ha alcanzado en el mes de julio soluciones pactadas con Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Asturias y Castilla y León sobre ocho leyes para evitar recursos de inconstitucionalidad.

Entre estas normas, destaca el acuerdo con la Xunta de Galicia sobre la ley de salud gallega. Según explica el Gobierno, el Ejecutivo gallego promoverá una iniciativa legislativa con el objeto de introducir en el texto de la Ley de Salud una disposición adicional relativa a la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia nacional de vacunación.

Asimismo, ambos Gobiernos entienden que las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia aplicarán las medidas recogidas en el artículo 38.2 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia establecida sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad.

Otro acuerdo en materia sanitaria es el alcanzado con Baleares sobre el decreto ley 5/2021 por el que se modifican la ley 16/2010 de Salud Pública de las Baleares, y el decreto ley 11/2020 por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.

En concreto, en este acuerdo ambas partes entienden que las autoridades sanitarias de Baleares aplicarán las medidas recogidas en el artículo 49.bis apartado 3 al amparo de lo que al respecto disponga en todo momento la legislación orgánica de invocación y la jurisprudencia sobre la interpretación de la misma, y con respeto a las competencias estatales sobre las bases y la coordinación general de la sanidad. Asimismo, el Gobierno balear promoverá una iniciativa legislativa para modificar el artículo 49 bis.

Cantabria y Comunidad Valenciana

Con todo, también se ha alcanzado una solución pactada con la Ley de Cantabria 2/2021 por la que se declara el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. Así, Cantabria se compromete a modificar su legislación para adaptarlo al marco competencial en materia de sobrevuelo.

Otro de los acuerdos es con la Generalitat Valenciana, en concreto con su Ley 3/2020 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización. Se ha alcanzado un acuerdo en distintas materias referentes a contratación, evaluación del impacto medioambiental y materia fiscal donde la Comunidad Valenciana se compromete a llevar a cabo modificaciones normativas.

Con Cataluña

Respecto al decreto ley 34/2020, de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, se ha alcanzado un acuerdo mediante el que la Generalitat se compromete a declarar próximamente la pérdida de vigencia del decreto ley en una ulterior norma que lo derogue.

Asimismo, también se ha alcanzado un acuerdo parcial en materia tributaria sobre la Ley del Principado de Asturias 3/2020 de Presupuestos Generales para 2021.

De otro modo, otro acuerdo tiene que ver con la Ley 2/2020 de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el decreto legislativo 1/2019.

Es un acuerdo en el que ambas partes interpretan que en relación con las ayudas sobre renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, tienen naturaleza de prestaciones de carácter social hasta el importe que correspondería a las personas beneficiarias por dicha renta, sin que en ningún caso constituyan un complemento específico de prestaciones contributivas.

Por último, también con Galicia, se ha alcanzado una solución pactada referida a distintas cuestiones en relación con las actuaciones concurrentes de ambas administraciones en materia de pesca y gestión de aguas.

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