Estado Autonómico

El gasto en servicios sociales respecto al PIB autonómico es inferior al de 2012

País Vasco y Navarra obtienen la mejor calificación: excelente

Mónica Oltra, consellera valenciana de Igualdad y Políticas Inclusivas
photo_camera Mónica Oltra, consellera valenciana de Igualdad y Políticas Inclusivas

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Social  ha hecho público el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales 2020. “Cada Comunidad Autónoma presenta, muchas veces, estos datos comparando con los datos que más le convienen, pero la realidad estatal sigue arrojando datos preocupantes”, han afirmado a El Confidencial Autonómico fuentes de la Asociación.

Menos gasto social en 2019 respecto a 2012

De acuerdo con el mencionado Informe, el 40 % de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98 % y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02 por ciento.

País Vasco y  Navarra siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales (Excelente), mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria calificados como Irrelevantes.

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad Valenciana, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).

Los 11 restantes empeoran su resultado y las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25).

“Extraordinarias diferencias entre territorios”

Asimismo, el informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.

Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299 euros/año.

Otro elemento de diferenciación que indica el informe es el número de profesionales de los servicios sociales de atención primaria que, Navarra, por cada 745 habitantes, mientas en Canarias es de un profesional por cada 3.219 habitantes.

El “limbo de la dependencia” en Cataluña: el 31,9%

En Castilla y León el 15,1 % de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1 por ciento de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas.

En Canarias sólo el 7,6 % de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones -menos de la mitad que en Castilla y León -, y en Cataluña el llamado 'limbo de la dependencia' es del 31,9 por ciento.

Indicadores positivos en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es que más ha crecido respecto a la aplicación anterior (la de 2018), en concreto un incremento de 1,35 puntos.

El informe hace mención especial a la ley valenciana de Servicios Sociales Inclusivos, y la califica como "una ley de nueva generación que reconoce derechos subjetivos", y que se complementa con una planificación estratégica, "hasta entonces inexistente".

Desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas – al frente de la cual está desde 2015 Mónica Oltra, también vicepresidenta y portavoz del Consell – han destacado a ECA  que en estos años se han transformado “los servicios sociales en un modelo coherente, sólido y efectivo al servicio de las personas".

El IDEC señala que desde 2013  (hasta 2015 gobernó el PP en la Comunidad Valenciana) ha habido un incremento continuo en indicadores como el gasto por habitante y año, que ha pasado de 196,1 euros por habitante en el año 2013 a 377,5 euros en 2019; o el porcentaje del gasto en servicios sociales sobre el total del gasto corriente de las Administraciones Públicas desde 2014, año en el que este porcentaje fue del 5,79%, pasando al 8,51% en 2019.

El informe hace referencia también a otros indicadores que reflejan la buena tendencia en la Comunidad como la cuantía de las rentas mínimas de inserción, que en la Comunidad Valenciana con una media por persona perceptora representa el 20,5% de la renta media familiar del territorio, frente a la media estatal que es el 17,1%.

Además, se destacan los acogimientos familiares a menores que representan el 64,3% del total de acogimientos frente a la media estatal que se sitúa en el 50,4%.

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