El gasto en combustible de los camioneros aumenta al 40% tras el recorte de la ayuda

El Gobierno ha reducido de 20 a 5 céntimos por litro la bonificación

El alza de los precios de los combustibles, desde hace 12 semanas, y la reducción de la bonificación del Gobierno de 20 a 5 céntimos ha provocado que los transportistas destinen el 40% de los costes totales a pagar los carburantes. Un coste por encima del destinado al personal y al mantenimiento de los vehículos.

Los precios de los combustibles llevan 12 semanas consecutivas de escalada y los principales afectados son los transportistas, a los que el Gobierno ha reducido la bonificación a 5 céntimos para los carburantes.

Estas medidas han provocado que los camioneros destinen ya el 40% de los costes totales a pagar los carburantes, "algo que supera ya el presupuesto destinado a pagar a los trabajadores o al mantenimiento de los vehículos", lamenta el presidente de la Federación Española de Transportistas Autónomos (FETRANSA), Víctor González.

El incremento de los costes, desde el 1 de junio hasta ahora, ha sido de un 8% para los transportistas. Esto supone de media un incremento de 1.000 euros mensuales de gasto en combustible para un vehículo pesado que realice 120.000 kilómetros al año.

El problema para los camioneros está en que "no podemos trasladar los sobrecostes a las facturas porque estamos en un contexto en el que la actividad se ha contenido mucho", subraya González, que añade que "si no podemos trasladar estos sobrecostes y no llega la ayuda de los 20 céntimos por parte del Gobierno, el transporte puede colapsar". 

Este colapso lo están tratando de evitar los transportistas cuyo objetivo es mantener la cadena de suministro, por la que pasan el 87% de las mercancías en algún momento de su vida. Por eso, es primordial buscar una solución que alivie esta sobrecarga a las cuentas de muchas empresas. 

Por lo tanto, para poder ayudar a solventar la situación una de las posibles soluciones sería aplicar la Cláusula del Combustible aprobada en el BOE en la Ley 3/2022 que permite revisar las variaciones del precio  del combustible entre que se realiza el contrato y se realiza el transporte y que, el incremento o la reducción, se vea aplicada en la factura .En este sentido, González señala que "es una herramienta legal que tienen los transportistas en su mano y pueden aplicarla en sus facturas, y los  cargadores deben tenerlo en cuenta".

Aunque, al margen de esta medida confían en que se pueda complementar con la vuelta de la aplicación de la bonificación de 20 céntimos al combustible por parte del Gobierno. De momento, confían en que "el Gobierno entienda la situación y atienda la solicitud que se le traslada desde el sector", ha reivindicado González quien espera que se llegue a un acuerdo lo antes posible. 

Desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera han solicitado, por escrito, al Ministerio de Transportes que, debido a la subida del 19,6% del combustible desde el mes de mayo, "tengan en cuenta la situación al alza incontrolada de precios y, por este motivo, vuelvan a establecer la bonificación de los 20 céntimos al combustible" ha explicado González quien insiste en que "entienden que el Gobierno esté en funciones, pero consideran que es una medida necesaria a aplicar lo antes posible".

 

El escrito todavía no ha tenido respuesta oficial por parte del Gobierno, afirma el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), José María Quijano quien ha señalado que "la ministra tiene conocimiento del documento y estamos a la espera de una respuesta". 

De momento, la repercusión que ha provocado que se reduzca la ayuda a 5 céntimos junto con la escalada constante del precio de los combustibles es que "está cayendo la demanda del transporte y, en un momento dado, nos podemos encontrar con un exceso de oferta que limita el poder de negociación de los pequeños y medianos transportistas con respecto a los clientes", remarca Quijano. 

Además, esta situación está tensando la solvencia de algunas empresas de transportistas puesto que el combustible tiene un decalaje máximo de 30 días, mientras que los plazos de cobro a los clientes por parte del sector están limitados a un máximo de 60 días. En este sentido, esto "genera problemas adicionales a la tesorería de las empresas de transporte que, también, tienen mucho más complicado recibir una línea de financiación o de crédito adicional", señalan desde la CEMT.

En este sentido, "las expectativas no son muy buenas puesto que tenemos una previsión de que siga subiendo el precio de los carburantes y podríamos llegar a estar en una situación de colapso como se vivió el  año pasado si no se introduce una ayuda por parte del Gobierno".

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